Prebendarismo Y Faccionalismo En La
Institucionlización Del Conocimiento:
El caso de la
Investigación y la
Docencia Argentinas (1989-2003)
Eduardo R. Saguier
Investigador Independiente del
CONICET
Citation: Saguier, E. R. (2004, febrero 4). Prebendarismo Y Faccionalismo En La
Institucionlización Del Conocimiento: El caso de la
Investigación y la Docencia Argentinas (1989-2003). Education
Policy Analysis Archives, 12(6). Retrieved [Date] from
http://epaa.asu.edu/epaa/v12n6/.
|
Resumen (Nota 1)
El estudio de los mecanismos concentradores de poder
académico que inveteradamente operan obstruyendo y
boicoteando las demandas individuales y colectivas para producir
conocimiento crítico, y que imponen redes hechas de
múltiples y combinados nudos o trabas (patronazgos,
clientelismos, carrerismos, caudillismos, amiguismos y
reciprocidades negativas etnocéntricas, sectarias, y
nepóticas), requiere desentrañar sus orígenes
históricos indagando en diversos fenómenos tales como
la colonialidad del poder,la triple disociación del poder y
el saber, la ciencia y la investigación, y la
investigación y la docencia; la sumisión en la
estratificación geopolítica y sociotecnológica del
conocimiento, el conocimiento institucionalizado excluyente; la
fragmentación o segmentación disciplinar (en
especialidades), el fraccionamiento de los poderes
académicos, la conversión de los conocimientos en
oficios artesanales, ocupaciones rentables y profesiones
liberales, y otras manifestaciones convergentes como la
endogamia, el sectarismo, el prebendarismo, el patrimonialismo,
la corrupción y las crisis sociales, políticas y
económicas, a saber: golpes de estado, genocidios
indígenas, dictaduras militares, legados coloniales e
imperiales, y guerras civiles, nacionales y mundiales. Para ello
nos abocaremos a una múltiple aproximación
histórica y paradigmática en los campos de las
filosofías, psicologías y sociologías de la
ciencia y de la educación; de las antropologías
simbólica, jurídica y corporativa; de las ciencias de
la comunicación y la educación; y de los Estudios
Culturales; a una multiplicidad de procesos de: a)
diversificación del conocimiento; b) brechas
cronológicas (generacionales) y geográficas (entre
metrópolis académicas y periferias científicas);
c) modernización de la ciencia y la educación; d)
centralización educativa y sus impactos geográficamente
diferenciales; e) segregación de la promoción
educativa; y f) formación de las redes virtuales locales y
nacionales y sus conexiones con la red global. También nos
abocaremos a los flujos del aparato científico-educativo; al
monopolio de las estructuras de control simbólico; a su
desagregación en segmentos o agencias, y sus componentes
míticos, simbólicos, litúrgicos y jurídicos;
y a la distinción entre la descentralización y/o
privatización del aprendizaje y la docencia y la
descentralización y/o privatización de la
investigación científica. Asimismo, nos referiremos a
la relación del conocimiento con la estructura productiva y
el poder político, a las deformaciones en las políticas
filantrópicas, de mecenazgo y subvención a la
investigación científica, a los modelos de
innovación tecnológica lineales, espiralados y
reticulares, al divorcio de la docencia respecto de la
acreditación de la docencia, y a la diferenciación de
las tareas ejecutivas o administrativas de las tareas normativas,
evaluadoras y divulgadoras.
Abstract
The study of the centralizing mechanisms of academic power
that very often work to obstruct and boycott individual and
collective demands to produce critical knowledge, as well as
impose circuits or networks made of multiple and combined knots
(clientelism, nepotism, careerism and ethnocentric, sectarian and
nepotic reciprocities), must necessarily go to their historical
origins, analyzing several phenomena such as the coloniality of
power, the subordination to a geopolitical and
socio-technological stratification of knowledge, the
fragmentation of knowledge processes, and other phenomena like
endogamy, sectarianism, corruption and social, economic and
political crises. Also, we are going to study the centripetal
forces of decentralization, privatization or education federalism
and their academic demands, the role of confidentiality in the
formation of networks in academic and scientific environments, as
well as their noxious effects in the practice of academic
freedoms, the dissociations of power from knowledge and research
from teaching, the distinction of teaching decentralization from
research decentralization, the segregated education circuits, the
intensity of the market of human capital and the quality of the
levels of excellence of social and cultural capital, in the
knowledge society. Also, we are going to refer to deformations in
philanthropic politics and subsidies to scientific research, to
models of technological innovation, the origin and development of
the triadic partition of academic power or the tri-functional
academic model, and the evaluation functions such as
accreditation, extension, transference, counseling, programming
and planning.
|
I. Introducción
En este análisis, prolongación de uno más
extenso, nos abocaremos a la triple disociación del poder y
el saber, de la ciencia y la investigación, y de la
investigación y la docencia; a la producción,
distribución y consumo de conocimiento; a una múltiple
aproximación histórica y paradigmática en
diferentes campos del saber (filosofías, psicologías y
sociologías de las ciencias y de la educación,
antropologías simbólica, jurídica y corporativa,
ciencias de la comunicación y la educación, y estudios
culturales); a la formación de redes
científico-educativas locales y nacionales y a sus
conexiones con la red global; y a múltiples procesos o
mecanismos. (Nota 2) Estos
procesos se redujeron a casi una decena de mecanismos: a) legados
(herencias), persistencias (o susbsistencias) y secuelas o
derivaciones culturales pre-coloniales, coloniales y
neo-coloniales; b) brechas cronológicas (generacionales) y
geográficas (entre metrópolis académicas y
periferias científicas); c) estratificación
geopolítica del conocimiento (entre países centrales
que producen ciencia y países periféricos que consumen
conocimiento); d) estratificación sociotecnológica del
conocimiento (entre países centrales en la etapa digital o
audiovisual y países periféricos en la etapa libresca);
e) centralización educativa (modernización tardía
y globalización postergada), y sus impactos
geográficamente diferenciados; f) segregación de la
promoción educativa; g) divorcio de la docencia respecto de
la acreditación de la docencia; y h) divorcio de las
virtudes científicas, éticas y estéticas. (Nota 3)
También nos abocaremos al estudio de los mecanismos del
aparato científico-educativo: a) fuerzas, flujos y
segmentaridades (lineales, circulares y moleculares); b) fuerzas
territorializadoras, codificadoras, desterritorializadoras y
descodificadoras; c) fuerzas monopólicas de las estructuras
de control simbólico (científico-educativas); d)
fuerzas centrípetas, privatizadoras, segregadoras,
descentralizadoras, jivarizadoras o de válvula de escape del
federalismo educativo y de las comunidades provinciales y sus
demandas académicas (como factores compensadores y de
contención social contra los procesos de
desindustrialización y vaciamiento); e) distinción
entre la descentralización y/o privatización del
aprendizaje y la docencia y la descentralización y/o
privatización de la investigación científica; y f)
desagregación institucional en segmentos o agencias
reguladoras, reparadoras, reproductoras, difusoras y
configuradoras; y a sus componentes míticos,
litúrgicos, idolátricos y jurídicos (Deleuze,
Winkler y Gershberg, Drache, Kalmbach, Fleischhacker, Knudsen,
Vessuri, Schwartzman, Quandt). (Nota 4)
Asimismo, nos hemos de referir a los procesos de
fraccionamiento y concentración del poder académico, a
los sistemas o modelos monádicos, diádicos y
triádicos de poder académico; y a las fuerzas o flujos
de interferencia y superposición entre las funciones
ejecutivas, normativas o consultivas y evaluadoras. Entre las
funciones concentradoras nos vamos a referir a la gestación
de redes hechas de nudos o trabas (patronazgos, clientelismos,
carrerismos, caudillismos, amiguismos y reciprocidades negativas
etnocéntricas, nepóticas y sectarias); y a sus nocivos
efectos para generar pensamiento crítico, procesos creativos
y rupturas epistemológicas, revoluciones científicas o
acontecimientos, en el posmoderno sentido que le brinda Badiou
(1999), para el dinamismo del mercado de capital humano
(conocimientos explícitos adquiridos), y para la calidad del
capital social (solidaridad, voluntariado, asociacionismo,
interaccionismo), y la excelencia del capital cultural (integrado
por virtudes artísticas y científicas: racionalidad,
secularidad, interdisciplinaridad, institucionalidad,
comunicabilidad, conectividad, sinergia o interactividad) y su
resultante acumulación, expresadas en forma de instituciones
(teatros, universidades, editoriales, laboratorios, galerías
de arte, archivos, etc.). También nos referiremos a los
flujos o fuerzas resultantes de deformaciones y condicionamientos
en las políticas de mecenazgo y subvención a la
investigación científica, o filantropía
corporativa. (Nota 5)
Asimismo nos volcaremos a la relación del conocimiento con
la estructura productiva y el poder político; a los modelos
de innovación tecnológica (lineales, espiralados y
reticulares); y a la diferenciación de las tareas o
funciones ejecutivas o administrativas (investigación
propiamente dicha) de las tareas normativas o consultivas
(reglamentaciones, ordenanzas, programaciones y planificaciones),
evaluadoras (subsidios, becas, premios, incentivos,
contrataciones de asesoría y consultoría), divulgadoras
(de extensión) y adaptadoras (transferencia
tecnológica). (Nota 6)
En ese sentido, partimos de la premisa que al contar las
sociedades con la circulación (producción,
distribución, consumo) y legitimación de valores
materiales y simbólicos --estos últimos manifestados en
masas, flujos y segmentos culturales, responsables de generar y
circular saberes y capital humano-- son capaces de generar
cuadros intelectuales y de concebir los mecanismos mentales y
pedagógicos para agregar valor a la cultura individual y
colectiva y para motorizar las vías de cambio y movilidad
sociales. (Nota 7)
Con esos propósitos, los procesos culturales creativos,
constituídos por la síntesis de las políticas
científicas, humanísticas, económicas,
urbanizadoras, socializadoras, y burocráticas, requirieron
discutir los paradojal e irónicamente contradictorios
procesos de fraccionamiento y concentración del poder
académico y sus secuelas en la calidad, excelencia,
democratización y cientifización del conocimiento,
así como el colonialismo interno, las rivalidades nacionales
e inter-imperiales en la investigación científica, la
asimetría disciplinar y moral en el desarrollo de la
investigación y la cultura, la dicotomía entre la alta
y la baja cultura, y la disociación entre las virtudes
científicas, éticas y estéticas. (Nota 8)
La segmentación, diversificación e hibridación
del conocimiento, su vinculación con las políticas
científicas y educativas, y su impacto en el equilibrio
geopolítico y sociotecnológico del conocimiento
indujeron a reflexionar acerca de: a) la desnaturalización y
marginación de los sáberes vernáculos respecto de
las humanidades, y de las humanidades respecto de las ciencias
duras primero y de las ciencias sociales más luego; b) la
estructura de centro-periferia y su expansión,
contracción, fragmentación y restablecimiento; c) los
conceptos de colonialismo interno, dependencia o sumisión
científico-tecnológica, y fuerzas académicas
destructivas; d) la noción de brecha cronológica o
espacio de tiempo inter-generacional; y e) las nociones de
transferencia tecnológica, y anemia informativa (Peset,
Prebisch, Vessuri, Cueto, Brunner y Barrios, Soley, Minsky,
Fitzpatrick, Dotti, Nancy, J. Friedman, Traweek, Grosfoguel).
(Nota 9) Las temáticas
del colonialismo, el nacionalismo, el imperialismo, y la
estratificación geopolítica y sociotecnológica de
la investigación científica y su periodización
cíclica demandó deliberar acerca del impacto de las
políticas de institucionalización, secularización,
racionalización, autonomización, modernización y
globalización tardías de la ciencia, las humanidades,
la cultura y los sistemas educativos y científicos, así
como sobre las políticas de corporativización,
patrimonialización, regionalización y
desecularización (Hegel, Durkheim, Myers, Ohmae, Hayles, J.
Friedman, Ortiz). (Nota 10) Y el rol de la ciencia y la tecnología en el
desarrollo económico-social requirió reflexionar sobre
conceptos tales como: a) la promoción de los capitales
humano, social y cultural; b) los procesos de
profesionalización y cientifización de la docencia; c)
los procesos de industrialización, desindustrialización
y reindustrialización; d) las investigaciones de punta; f)
la importación y exportación de tecnologías; y e)
la subcalificación o sobrecalificación en la
incorporación al mercado ocupacional (Bourdieu, Kreimer, De
Asua, Falleti, Filmus, Bast y Harmer, Dewey, Toffler, Avila,
Castells y Hall, Tiramonti y Suasnábar, Bledstein, Virilio,
Radhakrishnan). (Nota 11)
Asimismo, el fraccionamiento del poder académico y su
impacto en la excelencia del conocimiento demandó debatir
acerca de: a) las rivalidades entre modelos universitarios,
pedagógicos y científicos (docencia individual o
personalizada versus docencia uniformizada; pedagogías
visibles e invisibles, currículos ocultos y
explícitos); b) los modelos trilaterales de poder
académico (trifuncionales y tripartitos); c) los
dispositivos académicos ejecutivos, normativos o consultivos
y evaluadores; d) los mecanismos legal-jurídicos de
calificación, intercambio y acreditación; e) los
mecanismos de privatización o jivarización
(voucher y escuelas charter); f) la
devaluación de las credenciales académicas internas y
la sobrevaloración de los postgrados externos; g) el poder
de la jerarquía disciplinar compuesta por los profesores
regulares (concursados) y los organismos intermedios (colegios
profesionales); y h) la influencia de las instituciones
políticas, jurídicas y sociales, tales como los
partidos políticos, los tribunales, y las comunidades
locales, regionales, nacionales, continentales y globales (Ponce,
Gramsci, Althusser, B. Bernstein, Atcon, Freire, Tragtenberg,
Cueto, Vessuri, Hayles, Radhakrishnan, Freidson, Lo,
Rozitchner). (Nota 12)
Por el contrario, la triple disociación entre el poder y
el saber, entre la ciencia y la investigación, y entre la
investigación y la docencia, y los mecanismos concentradores
del poder académico, alimentados por las persistencias y las
secuelas coloniales y neo-coloniales, que inveteradamente han
operado obstruyendo y boicoteando las demandas individuales y
colectivas para producir conocimiento crítico
humanístico y científico, han generado complejas
manifestaciones patológicas (desorientaciones, desviaciones,
frustraciones y crisis vocacionales; dogmatismos; ideologismos;
academicismos; cientificismos; tecnocratismos; metodologismos;
vanalización o macdonalización de los planes y
programas de estudios; deformaciones profesionales o
profesionalismos; deserciones); y han impuesto redes hechas de
múltiples y combinados nudos o trabas (patronazgos,
clientelismos, caudillismos, amiguismos, carrerismos o
burocratismos competitivos y reciprocidades negativas
etnocéntricas, sectarias, y nepóticas), requirieron
desentrañar sus orígenes históricos indagando en
un complicado y contradictorio fenómeno e instrumentando las
ciencias filosóficas, políticas, antropológicas,
sociológicas, psicológicas y pedagógicas. Con la
implementación de estas diversas disciplinas
científicas logramos circunscribir un fenómeno
particular compuesto por dicha triple disociación, y gran
parte de las disciplinas consultadas concuerdan en corroborar que
la triple disociación es un producto de previas estructuras
culturales, a saber: el imperialismo cultural, la sumisión
en la estratificación geopolítica y
sociotecnológica del conocimiento y su cíclica y
contradictoria recepción en los países
periféricos; la progresiva fragmentación,
segmentación o especialización del conocimiento y de
las disciplinas y profesiones científicas; el conocimiento
institucionalizado excluyente; el fraccionamiento de los poderes
académicos, la conversión de los conocimientos en
ocupaciones rentables y en profesiones liberales; y otras
patologías convergentes como la endogamia, el prebendarismo,
el patrimonialismo, el elitismo, la corrupción y las crisis
sociales, políticas y económicas (golpes de estado,
dictaduras militares, legados coloniales e imperiales, y guerras
civiles, nacionales y mundiales). (Nota 13) Dicho contradictorio fenómeno
centrípeto y centrífugo y su impacto en la
democratización y excelencia del aparato
científico-educativo demandó a su vez reflexionar
acerca de: a) la transparencia del sistema científico; b) la
autonomización del pensamiento crítico; y c) la
dinamización del conocimiento (Popper, Kuhn, Gruber,
Dotti).
La transparencia del sistema científico-educativo y el
grado de confidencialidad de las evaluaciones y dictámenes
de jurados y pares y su impacto en la democratización de
dicho sistema requirieron discutir a su vez: a) la
construcción de redes locales y nacionales, docentes y
científicas, públicas y privadas que debiliten las
culturas escalafonarias y corporativas; b) las conexiones con la
red global (Becker, Coleman, Putnam, Bourdieu, Fukuyama); c) la
intensidad y los vicios del mercado educativo (exclusión,
deserción y éxodo de cerebros y suplantaciones
fraudulentas), d) los modelos de innovación tecnológica
lineales, espiralados y reticulares (Triángulo de
Sábato, Triple Hélice de Leyderdorff, redes innovadoras
de von Hippel); e) los criterios para la distribución de los
recursos y para la conformación de los comités
editoriales y las promociones académicas institucionales; f)
los métodos del pluralismo jurídico y del análisis
situacional; y g) el análisis de las fuentes
histórico-documentales tales como las acreditaciones, los
juicios de pares, las visitas e informes, las mediaciones, y los
sumarios o penalizaciones académicas (Tragtenberg, Gruber,
Gardner, Gluckman, Greenhouse, Van Velsen, Csikszentmihalyi,
Becher, Viale y Ghiglione, Rozitchner). (Nota 14)
La autonomización del pensamiento crítico y su
impacto en la ciencia normal (dogmas o canones establecidos) y la
intelectualidad tradicional demandó evaluar a su vez: a) la
correspondencia entre el trabajo teórico y el trabajo
empírico o antagonismo entre ciencia e investigación;
b) la estratificación geopolítica de la
investigación científica; c) la especialización
cientificista o Jaula de Hierro de Weber (antropologismos,
sociologismos, economicismos, psicologismos, geograficismos,
arqueologismos, esteticismos); d) el tecnicismo metodológico
y profesionalista (cuantitativismos, geometricismos,
juridicismos); e) la flexibilidad o velocidad de circulación
de la agenda científica individual y colectiva; f) la
transdisciplinariedad e hibridación y su relación con
la multiplicidad funcional del intelecto; g) los requisitos de
bilingüalidad y postgrados externos; h) los instrumentos del
mecenazgo y de la filantropía corporativa (Banco Mundial y
fundaciones nacionales y fundaciones extranjeras); i) la
vocación y sinergia interculturales (fertilidad o
interactividad cruzada transdisciplinar que desmantele los
colonialismos internos y afirme los saberes desde la diferencia
colonial interna); y j) la capacidad de gestación de
discípulos o de heredabilidad académica (Weber, Kuhn,
Klein, Kline, Castells, Töth, Azevedo, Dotti,
Fornet-Betancourt, Mignolo). (Nota 15)
Y finalmente, la dinamización del conocimiento expresado
en la tecnificación de la divulgación y difusión
del saber (o presión de las nuevas culturas librescas
primero y audiovisuales, digitales y electrónicas
contemporáneamente) --con el agregado de su impacto en la
excelencia académica, la democratización política
y la movilidad social-- requirieron polemizar acerca de: a) la
irreversibilidad de las nuevas tecnologías
informáticas; b) la informatización de las estructuras
universitarias; c) la incomunicación y la censura
electrónicas globales; d) la educación a distancia y el
aprendizaje y la docencia virtual u online; e) el
desarrollo de los conocimientos de punta; f) los flujos
informativos, la acumulación de datos y la sobrecarga o
asfixia informativa; g) el dinamismo del intelectual
mediático, del periodismo científico y de los foros de
discusión electrónica; y h) la sustitución de la
excelencia académica y las infraestructuras "blandas" por la
publicidad multimediática, los programas de radio y TV de
cable y las infraestructuras "duras" (McLuhan, Negroponte,
Kerckhove, Arboleda, Tiffin y Rajasingham, Schwartzman, Chartier,
Quandt, Krill, Shenk, Giunta, Joyanes, Dotti,
Martín-Barbero, Kroker). (Nota 16)
De forma tal que las universidades y los organismos
académicos, como epicentros de las investigaciones
científicas y como territorios o espacios de lucha y
conflicto donde se dirimen relaciones de fuerzas y recursos
simbólicos antagónicos deben contar para evitar la
gestación de mecanismos concentradores (facciosos) con la
colaboración del poder político y la sociedad civil a
escalas nacional, continental y global. (Nota 17) Todos ellos deben estar conscientes que
sirven diferentes funciones con códigos y territorialidades
distintas, que si bien no pueden ni deben confundirse, se
conectan entre sí, y en muchos casos se superponen y solapan
(Leydesdorff, Etzkowitz). Ciertamente estas numerosas
teorías y autores sugieren muchas más hipótesis e
interrogantes de las que el corpus histórico aquí
reunido está en condiciones de responder, pero como balance
de estas lecturas y reflexiones hemos propuesto centrar el
análisis en el arsenal conceptual provisto por los Estudios
Culturales y sostener que en la presente era del conocimiento el
objetivo político debe poner el eje en los flujos que
permitan la gestación de una ciencia independiente y
nómade así como de una red virtual; impidan la
formación de mecanismos facciosos; y sirvan a un
aprendizaje, una docencia y una investigación híbrida o
transdisciplinar, personalizada y no uniforme de valores
simbólicos (verdades y virtudes). Como prerequisitos
indispensables en la preparación de un clima innovador y una
ciencia independiente y nómade, propensa para la
creación de un circuito o red de flujos y una sinergia
intercultural, las funciones ejecutivas, normativas o consultivas
y evaluadoras del poder académico deben mantener una mutua
autonomía y soberanía. (Nota 18) Esta división de funciones, que no
se da en la esfera de la producción de bienes materiales,
tendría sus orígenes más allá de la
concepción tripartita del poder republicano inherente al
constitucionalismo moderno, pues remontaría sus antecedentes
simbólicos al esquema trifuncional de la sociedad estamental
medieval (clero, nobleza, estado llano), y más remotamente
aún a la tripartición antigua indoeuropea (sacerdotes,
guerreros y pastores). (Nota 19)
La principal función de los segmentos o agencias de
control simbólico superior, tales como la universidades,
debe ser entonces la producción de valores originales y
genuinos, integrado por verdades y virtudes científicas,
éticas y estéticas, así como de capital humano,
verdaderas fuentes de valor agregado y de cambio y movilidad
sociales, y con el sólo propósito de participar en el
desarrollo del conocimiento y muy supletoriamente con las
funciones divulgadoras y adaptadoras de extensión y
transferencia tecnológica.
Por ende, la responsabilidad y misión de la universidad
debe ser --tal como lo señala Searle (2000)-- esencialmente
la de promotora del proceso creativo de la cultura y la ciencia
aspirando a las áreas más avanzadas de la
investigación, y nunca puede ser la de promover la
producción de una investigación subordinada a programas
científicos de metrópolis imperiales, de servir
supuestamente a las comunidades locales, y/o de producir
mercancías en la forma de bienes o servicios
(consultorías o asesorías), pues ello significaría
abdicar de una orientación emancipadora básicamente
intelectual para someterse a servidumbres eminentemente
vernáculas, corporativo-mercantiles, o imperiales que
corromperían y acentuarían aún mas los mecanismos
concentradores del poder académico. (Nota 20) Cualquier actividad que no sea
académica y/o cultural, por mas filantrópica o
altruista con que ésta se pretenda maquillar, atenta contra
los fines de áquellas, al poner el eje fundamental de las
instituciones universitarias y científicas en actividades
divulgadoras o de servicio a la comunidad (extensión), o en
actividades consultoras y adaptadoras (transferencia
tecnológica), que no son las que substancialmente agregan
valor genuino y generan el cambio y la movilidad sociales, y que
debieran ser en todo caso una responsabilidad subsidiaria, o
más bien responsabilidades exclusivas de agencias estatales
extra-universitarias e institutos administrativos
específicos donde dichos programas de servicio,
extensión y transferencia tecnológica habrían sido
aparentemente fructíferos. (Nota 21) Así como la justicia sólo debe hablar a
través de sus fallos, las instituciones universitarias y
científicas sólo pueden y deben hablar a través de
la producción de conocimiento genuino y del capital humano
producido, es decir de la graduación y/o promoción de
sus propios integrantes.
Y por tener las instituciones educativas, tales como las
universidades, objetivos puramente culturales, científicos y
docentes, la preeminencia de dichos programas de servicio a la
comunidad, consultoría y transferencia tecnológica --en
sociedad con el empresariado privado-- irían en perjuicio
directo de la formación de una ciencia nómade y una red
virtual, de una docencia e investigación transdisciplinar, y
en menoscabo de las funciones de agregación de valor y de
movilización social.
II. Periodización o deconstrucción
genealógica
Es en este espacio académico donde ha de tener lugar la
desigual inserción de teorías, eventos y
acontecimientos que irán en su auge y decadencia
constituyendo el sistema de redes facciosas o Gulag
académico que a continuación describimos. El Gulag
académico --colonizado por las políticas partidista y
empresarial, en un principio meramente burocrática, pero
progresivamente facciosa de las universidades nacionales y
privadas y del sistema científico-- es de muy vieja data,
pero en este preciso trabajo nos hemos de reducir a sus dos (2)
últimos períodos o ciclos: a) la crisis del sistema
científico-educativo de Bienestar y modernización
neo-conservadora (1989-1999), y b) el continuismo, fracaso,
colapso y transición (1999-2003). Cada uno de estos dos
períodos es introducido con un breve diagnóstico
histórico acerca de los contextos internacional y local,
para luego extenderse a los detalles de las persistencias y
sumisiones acontecidas, ejemplificados en las políticas
culturales científicas, humanísticas, socializadoras y
burocráticas.
II 1. Crisis del sistema científico-educativo
de Bienestar y modernización neo-conservadora
(1989-1999).
A comienzos de la era post-industrial y de apogeo del capital
financiero, en los estertores de un Estado de Bienestar (por otro
lado bastante maltrecho) y en pleno post-modernismo y emergencia
de integrismos y fundamentalismos étnicos y religiosos, con
la progresiva disolución del estado-nación, el colapso
del Socialismo Real, el fin de la Guerra Fría, el auge de la
Perestroika y el Glasnost, un nuevo orden mundial (Consenso de
Washington), la liquidación de la UNESCO a favor del Banco
Mundial, y una nueva división internacional del trabajo
intelectual o estratificación geopolítica del
conocimiento, y desatada en Argentina la hiperinflación y
los saqueos de 1989; se entraron a adoptar sistemáticamente
(a imagen y semejanza del Reaganismo y el Thatcherismo)
políticas claudicantes, disociadoras, segregacionistas y
corruptoras, de mixto cuño, neo-liberal y neo-conservador;
manifestadas en estrategias decisionistas en materia educativa,
científica, diplomática (Banco Mundial), militar
(derogación del Servicio Militar Obligatorio), industrial
armamentista (Cóndor II) y comunicacional
(privatización de la telefonía y la
televisión).
La imposición de estas sobrecodificaciones
neo-conservadoras (privatizadoras) estuvieron estrechamente
combinadas con una baja prioridad en innovación productiva
debido a la alta concentración de recursos dedicada a la
"política"; y con estrategias diplomáticas de
"relaciones carnales", que se manifestaron en el boycott a los
proyectos integracionistas del Cono Sur (Mercosur) y en la
sujeción al nuevo orden internacional y sumisión a una
estratificación geopolítica de la investigación
científica. (Nota 22)
Esta estratificación es hegemonizada por el imperialismo
cultural de la super-potencia central, que monopoliza la
producción de los conocimientos de punta en áreas
estratégicamente sensibles, dejando a los países
periféricos librados a un consumo forzoso del conocimiento
importado. En Argentina, esta sumisión se materializó
con el desmantelamiento de los proyectos de investigación
nuclear, misilística y satelital y de transferencia
tecnológica al Medio Oriente, programada por la
Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE), en
Falda del Carmen (Cóndor II). (Nota 23) Dichas estrategias diplomáticas se
expresaron también en la sujeción al intervencionismo
de organismos de crédito internacional, tales como el BID y
el Banco Mundial, que agudizaron la dependencia con nuevas
sobrecodificaciones, tales como la supeditación a sistemas
legales externos a la jurisdicción argentina para el caso de
conflictos judiciales, la ficticia segmentación binaria
entre las fuerzas socializadas y las relaciones privatizadas en
la producción del mismo, y la estratificación local y
global de la producción, distribución y consumo del
conocimiento. (Nota 24)
Con el correr de estos últimos veinte (20) años,
frente al profundo descrédito de los aparatos
político-partidarios, los operadores de comités y
unidades básicas (pertenecientes al bipartidismo dominante)
no encontraron mejor idea que colonizar las Universidades
Nacionales y el sistema científico nacional para así
poder legitimar su dominación, reclutar los cuadros con los
cuales poder acentuar su poder, y perpetuar la sujeción a un
statu-quo internacional.
(Nota 25) Es a partir de la creciente crisis fiscal y de su
consecuente terapia intensiva (implementación de la Ley de
Coparticipación Federal de Impuestos, Ley no.23.548, de
enero de 1988), el proceso de "modernización del estado"
entró en una fase de anclaje monetario, paridad y atraso
cambiarios, dominio y especulación financiera,
mimetización mecánica de la legislación
primermundista, desindustrialización económica,
erosión de las fronteras entre las profesiones liberales y
otras ocupaciones, y privatización y descentralización
de las agencias difusoras de control simbólico, que se
había iniciado ya tímidamente con la dictadura de
Onganía (1966), en el Ministerio de Astigueta, y reiniciado
durante el denominado Proceso (1976). (Nota 26) Si bien la transferencia
tecnológica no era nueva en la historia argentina pues
remonta su orígen a tiempos coloniales, por el mecanismo de
"modernización del estado" se promulgó en 1990 la Ley
23.877, de Fomento y Transferencia Tecnológica, a imagen y
semejanza mecánica y tardía de leyes norteamericanas,
tales como la Bayh-Dole Act de 1980 (Public Law 96-517,
patrocinada por los Senadores Birch Bayh y Robert Dole), y el
Acta de Transferencia Tecnológica Federal de 1986 (PL
99-502). (Nota 27) Esta
noción legal de transferencia tecnológica, o de
concesionamiento monopólico de patentes y royalties, se
operacionalizó en USA a través de las universidades y
fue aparentemente exitosa en materia de producción de
patentes universitarias, y aumento tanto del producto bruto como
del empleo de mano de obra calificada. (Nota 28)
Pero en Argentina, donde dicha Acta recién se la
terminó de remedar o mimetizar en 1995 (Ley de
Educación Superior No. 24521 y el Decreto 1331/95), su
traducción en Leyes y Decretos tendió --aún mas
que en USA-- a privatizar la investigación pública y a
sujetarla a una estratificación geopolítica del
conocimiento, acentuando así la brecha científica que
separa las metrópolis imperiales con los llamados
países en desarrollo y con el Tercer Mundo, e imposible de
cubrir sólo con una red global de educación a distancia
(Global DistEdNet), tal como hipócritamente lo perora el
Banco Mundial. Esta estratificación opera no solo mediante
los Portales electrónicos y las Bases de Datos, los cuales
se hallan cada vez más arancelados en manos de grandes
conglomerados privados multinacionales, y por ende cada vez
más reservados y secretos para el acceso de las
instituciones y universidades de los países
periféricos, sino también mediante las
autorestricciones impuestas por el Consenso de Washington (1989),
tales como aconteció con las investigaciones
misilísticas y satelitales desarrolladas en Falda del
Carmen, Córdoba (Cóndor II). (Nota 29)
Asimismo, esta Ley presupuso como en USA la
descodificación de antiguas concepciones acerca del
conocimiento, la investigación y la educación superior,
así como de sus relaciones con el poder político y la
industria, que nunca fueron públicamente debatidas. (Nota 30) Todo conocimiento --ya
sea descubrimiento, invención o interpretación--
debía de acuerdo con esta Ley superar la tradicional
concepción de la propiedad intelectual, que en las
universidades consistía en compartir la propiedad de las
mismas en forma común o colegiada y abierta. (Nota 31) Por el contrario, a
partir de estas Leyes y Decretos dichos conocimientos innovadores
deben devenir propiedad individual, susceptibles de ser
registrados, patentados y comercializados, es decir capaces de
ser comprados y vendidos y por ende concesionados al mejor postor
privado. Y la sede de toda educación superior, debía
dejar de ser una "torre de marfil", de reflexión
independiente, y debía constituirse en una suerte de
corporación capitalista moderna. (Nota 32)
La noción de descentralización educativa presupuso
también todo un simulacro, y una nueva codificación del
aprendizaje, la educación y la pedagogía. La
educación debía superar la concepción de una
macro-empresa cultural colectiva a escala nacional, y por el
contrario debía devenir en múltiples micro-empresas a
escala provincial, e incluso comunal. El mecanismo
descentralizador --impulsado por elementos intelectuales
reclutados mayoritariamente en FLACSO-- comenzó por
transferir los servicios educativos que dependían del
Ministerio de Cultura y Educación y del Consejo Nacional de
Educación Técnica, sin la consiguiente transferencia de
partida monetaria alguna. (Nota 33) Luego se dictó la Ley Federal de
Educación (n.24.195), sancionada el 14 de abril de 1993,
mediante la cual se incrementa el poder de los ministros
provinciales en el CFCyE, al extremo de convertirse éste en
un órgano confederal mas que federal, viejo proyecto que
habían acariciado antes el Ministro José M. Astigueta,
durante la anterior dictadura de Onganía; y el Ministro
Llerena Amadeo durante la posterior dictadura de Videla. (Nota 34)
En cuanto al sistema de agencias de control simbólico
configurador, con la deflación generalizada y la paridad y
anclaje cambiarios producidos por el Régimen de
Convertibilidad (1990), los investigadores que antes se
refugiaban en centros de investigación privados (dotados con
financiación externa), perdieron el auspicio de dichos
fondos y por ello reforzaron sus afanes de poder al seno de las
instituciones educativas oficiales. En el aparato del estado, las
nuevas autoridades políticas del gobierno Menemista
(Cavallo) designaron al frente de la Secretaría de Ciencia y
Técnica (SECYT) primero al Dr. Raúl Matera y luego al
Lic. Domingo Liotta, y al frente del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) a
Bernabé Quartino y después al Dr Florencio
Aceñolaza. Luego ridiculizaron públicamente a la planta
de Investigadores del CONICET con expresiones agraviantes,
"...mandándolos a lavar los platos", y finalmente
territorializaron nuevas instituciones y organismos y codificaron
nuevas leyes destinadas a controlar y disciplinar a dichos
investigadores bajo improntas políticas conservadoras. En
cuanto a instituciones de investigación, luego de cancelar
los proyectos nucleares del INVAP (controlado por la CNEA), y de
disolver en 1991 la Comisión Nacional de Investigaciones
Espaciales (CNIE), dependiente de la Fuerza Aérea Argentina
(FAA), la cual venía desarrollando el mísil Cóndor
II (en colaboración o transferencia tecnológica con
Egipto e Irak), se creó en dicho año la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), y en 1994 se
subordinó al Régimen de Control de Tecnología
Misilística (MTCR).
(Nota 35) En materia puramente educativa y universitaria, se
creó la Junta de Planeamiento Universitario (JPU) en 1990, y
tres años después, en 1993, se promulgó la Ley
Federal de Educación (1993), seguida por la creación de
la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), luego
denominada Secretaría de Educación Superior (SES). (Nota 36) Para este
último cargo fue electo el Lic. Juan Carlos del Bello,
compelido a cumplir --como luego veremos-- con los dictados del
Banco Mundial y subsidiariamente con los caprichos
presidenciales. Desde esta Secretaría se bosquejó en
primera instancia, a fines de 1993, un Plan de Incentivos
Docentes, mediante el Decreto 2427/93, consistente en promover la
figura del docente-investigador, remunerado con un plus salarial
pagadero en tres (3) cuotas anuales fijadas de acuerdo a una
categorización en cuatro (4) niveles, y luego un Programa de
Reforma de la Educación Superior (PRES), ambos acordados con
el Banco Mundial (BM), institución que desde el Consenso de
Washington está usurpando funciones propias de la UNESCO. (Nota 37)
El acuerdo con dicho Banco consistió en multiplicar el
número de agencias de control simbólico, auspiciando
nuevas desterritorializaciones en el seno del sistema
científico-docente, que venían a multiplicar la
complejidad institucional de las primeras disociaciones que
habían ensayado Houssay y Dell´Oro Maini, durante el
gobierno de la Revolución Libertadora (1955-58), concibiendo
en la educación superior nuevas instituciones, tales como
nuevos mecanismos evaluativos y acreditativos, y en el sistema
científico, nuevas instituciones e instancias evaluadoras y
configuradoras, tanto de subsidios a la investigación, de
convenios de transferencia tecnológica, de unidades de
vinculación tecnológica (UVT), como de
planificación científica. (Nota 38) En el marco del mencionado Programa de
Reforma de la Educación Superior (PRES), el Banco Mundial
fomentó una media docena de organismos, tales como el Fondo
de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior
(FOMEC), la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU), la Unidad de
Implementación del Programa (PIU), la Comisión para la
Acreditación de Postgrados (CAP), el Sistema de
Información Universitaria (SIU), y el Comité
Internacional de Seguimiento (CIS). (Nota 39) Mientras el CIS fue presidido en sus
comienzos por el Dr. Patricio Garrahan, en la CAP las funciones
de vocal ejecutivo fueron asignadas al Lic. Carlos Alberto
Marquis. A propósito de estas innovaciones, Vessuri (1997)
nos recuerda que cada institución académica debiera
estar excusada de evaluar la calidad de su propia
investigación pues esta función debería pertenecer
a canales institucionalizados de la comunidad científica
nacional e internacional. (Nota 40)
Con respecto al FOMEC, si bien cada universidad solicitaba el
subsidio voluntariamente, aquél venía a invadir la
esfera propia del poder legislador del Parlamento, responsable de
asignar las partidas presupuestarias correspondientes, so
pretexto de que sus fondos provenían de un préstamo
externo. El FOMEC venía también a reeditar las
funciones de la CAFADE (organismo fundado en tiempos de Frondizi
y la Revolución Cubana para administrar los recursos del
Fondo de Apoyo al Desarrollo Económico provistos por la
Administración de Cooperación Internacional de USA o
Alianza para el Progreso), y a superponerse y competir con las
indelegables funciones promotoras del CONICET y el FONTAR
(SECYT). (Nota 41)
Poseía un Consejo Directivo presidido por el Secretario de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, y
contaba con diversos Comités de Pares por disciplinas, que
aprovecharon la ocasión cual si fuera un botín de
guerra. (Nota 42) .Y estaba
destinado a promover casi medio millar de proyectos repartidos
entre casi medio centenar de universidades, a un costo de 273
millones de dólares, de los cuales 164 millones de
dólares fueron provistos por el Banco Mundial, y el restante
por el Tesoro Nacional, a título de contraparte o
contraprestación. Pese a ser el FOMEC un órgano
efímero, para Castro (2002) significó "...no sólo
una innovación en los modos de asignación del
financiamiento público sino una diversificación de los
actores receptores y ejecutores de este financiamiento". (Nota 43) Sin embargo, esa
supuesta diversificación no habría garantizado la
mejora de la calidad educativa, y por el contrario significó
--según Vommaro (2000)-- la flexibilización de
estructuras curriculares, el acortamiento de carreras, y la
creación de ciclos destinados a trasladar los contenidos que
estaban en el grado hacia el nivel de posgrados, los cuales a su
vez estaban convenientemente arancelados. (Nota 44) También el Banco Mundial
acordó fortalecer las competencias de los ministerios de
educación provinciales, para mejorar la calidad y la
eficiencia de la educación secundaria y ampliar sus
instalaciones para atender mejor las necesidades de los
estudiantes secundarios, a un costo total de $110,4 millones. (Nota 45)
Al compás de la capitulación política que
significó el Pacto de Olivos (1994), con las victoriosas
políticas de filantropía inversora y
estratificación geopolítica y sociotecnológica del
conocimiento y la investigación científicas impulsadas
por el Banco Mundial (BM), y el seguidismo de la Secretaría
de Políticas Universitarias (SPU), dos años
después de haberse codificado el sistema de los Incentivos
Docentes (ID), se acentuó una ofensiva
político-académica de tintes neo-liberales en los
medios universitarios y científicos. Con la
promulgación de la Ley de Educación Superior
(no.24.521, de 1995), se prescribieron cláusulas
reterritorializadoras referidas a nuevas instituciones, tales
como la de crear la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU) --a imágen y
semejanza de la Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal
de Nivel Superior (CAPES) de Brasil, y del Instituto
Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) de España-- la
de reconocer al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) como
órgano de consulta obligada en la toma de decisiones del
sistema universitario, y la de crear organismos
geográficamente estratificados, tales como los Consejos de
Planificación Regionales de la Educación Superior
(CPRES) (art. 10).
(Nota 46)a> En el nivel terciario, y propiciado por los lineamientos
de la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación
Superior, se creó el Instituto Universitario Nacional de
Arte (IUNA) sobre la base de las escuelas e institutos que
impartían enseñanza artística, tales como la
Escuela Nacional de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional y el
Profesorado de Danzas.
Asimismo, la Ley de Educación Superior codificó
cláusulas transitorias que establecían la
obligatoriedad de integrar los órganos colegiados de
gobierno universitario adecuando las plantas docentes con
profesores que debían ser concursados en un porcentaje no
inferior al 70% de los respectivos claustros. (Nota 47) Merced a un fallo de un juez de
primera instancia la UBA logró una suerte de excepción
en el cumplimiento de la Ley de Educación, que ordenaba el
concurso de los profesores interinos y la consecuente
ampliación del padrón electoral docente. Una vez que
las cláusulas transitorias de dicha Ley cumplieron el plazo
de los seis (6) meses sin que se cumpliera con lo estipulado, el
gobierno Menemista reeditó --mediante diversas leyes y
decretos de necesidad y urgencia y eventualmente a través de
la CONEAU-- las experiencias reterritorializadoras de la
Revolución Libertadora (1955-58), del Onganiato (1966-70) y
del Lanussismo (Plan Taquini). Esta reedición estimuló
en los conurbanos y las provincias la fundación de media
docena de nuevas universidades públicas, y la
nacionalización de otras tantas, que hasta ese momento eran
universidades provinciales, que denominaremos Nuevas
Universidades del Conurbano (NUC), con la particularidad de
contar entre sus prioridades la prestación de servicios a la
comunidad, y presentarse como supuestamente "innovadoras" frente
a las otras universidades más antiguas, con el marcado
propósito político de desplazar la hegemonía del
Shuberofismo (tendencia político-universitaria liderada por
el Lic. Oscar Shuberof, dirigente del Radicalismo) del seno del
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). (Nota 48) Cabe aclarar que en la aprobación
legislativa de las mismas no hubo oposición alguna. (Nota 49) La CONEAU tiene --con su
crucial rol certificador-- la función de evaluar y acreditar
numerosas universidades, públicas y privadas, confesionales
y laicas, asi como carreras y programas de maestría y
doctorado, mediante muy cuestionables criterios de selección
de expertos y pares evaluadores así como de criterios de
evaluación, confidencialidad y acreditación. (Nota 50)
Debido al nuevo descrédito de la universidad pública
y a la expansión de procesos de suburbanización, la
territorialización de nuevas agencias difusoras de control
simbólico (universidades) se extendió al ámbito
privado, en donde las universidades privadas no confesionales (se
autorizaron 17 nuevas universidades privadas), en su lucha por la
hegemonía académica, prevalecieron sobre las
confesionales por estar mas y mejor vinculadas con el medio
académico internacional, y por ende en mejores condiciones
de servir al nuevo y lucrativo negocio consistente en la
diáspora o drenaje de cerebros, amén del drenaje mental
diagnosticado por Fals Borda. (Nota 51) Como es sabido, en la era del conocimiento la
competencia por los recursos humanos de alta calificación se
extendió a escala global. La infraestructura educativa de
los países centrales se ha desarrollado a tal extremo que la
oferta de espacios de aprendizaje se ha expandido al compás
de una creciente demanda. (Nota 52) El afamado Instituto Torcuato Di Tella (ITDT), sin
consultar a su entonces Director Dr. Roberto Cortés Conde
engendró en 1991 la Universidad que lleva el mismo nombre
que el Instituto, y se lanzó a la captura de una relevante
porción de dicho mercado. (Nota 53) Esta epidemia privatizadora alcanzó a las
mismas instituciones de las confesiones religiosas no cristianas
(Universidad Maimónides-UM) y a las cristianas no
católicas (Universidad Adventista del Plata-UAP). El propio
Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos,
conocido bajo las siglas ISEDET, ubicado en el barrio capitalino
de Flores, se desprendió de parte de su tradicional
inmueble, dando lugar a la denominada Universidad de Flores (UF).
Entre las universidades privadas confesionales no cristianas
había sido autorizada la Universidad Hebrea Argentina BAR
ILAN (UHABI), sita en el barrio del Once, que con el impacto de
la crisis del Tequila y la quiebra del Banco Patricios se vio
obligada a cerrar sus puertas. (Nota 54) Según unos, dicha Universidad era propiedad de
Rubén Beraja, y según otros a partir de 1999 lo fue de
Sergio Spolski (socio de Luis Cetrá y del periodista Daniel
Hadad en el matutino BAE). (Nota 55) La expansión de nuevas universidades privadas
confesionales, de signo ultramontano, que no se practicaba desde
1974, tuvo lugar pese a la consolidación de las tendencias
de reforma o aggiornamento religioso. Si bien las políticas
desecularizadoras tomaron un nuevo y más radical impulso,
éstas no se debieron como en la Europa Oriental y el Lejano
Oriente, a una resistencia activa contra regímenes ateos, si
no que fue el resultado de progresivas tomas de conciencia
religiosa. (Nota 56) Y en
cuanto a las instituciones científicas privadas no
universitarias, también se registró un intenso proceso
de fragmentación. (Nota 57)
En cuanto a la Ley de Fomento y Transferencia
Tecnológica, la inescrupulosidad de quienes reglamentaron
dicha Ley, mediante el Decreto no.508 del 26 de marzo de 1992,
llegó a estimular la corrupción y las prácticas
perversas otorgando incentivos promocionales a personas
jurídicas procesadas y condenadas por delitos dolosos
así como a personas físicas exoneradas de la
Administración Pública. Estas circunstancias-- que si
bien son reconocidas en los considerandos del nuevo Decreto de
1995-- no son en ella debidamente detalladas y documentadas, ni
siquiera en apéndices. Por ello, cuando en 1995 se concretan
las perspectivas de lograr un préstamo del BID y del Banco
Mundial para las universidades, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN)
se vió precisado a elaborar en un nuevo Decreto, el no.
1331/95, modificatorio de dicha Ley 23.877, y a colocar en las
áreas respectivas al nuevo personal gerenciador capaz de
llevarlas a cabo inescrupulosamente. En este aparente nuevo
Decreto higienizador, los lobbystas aprovecharon para codificar
su verdadero caballo de Troya, consistente en una
institución plagiada de la legislación Norteamericana
(Bayh-Dole Act de 1980), que establece en su art.1o, inc.a, que
"...podrán ser beneficiarios de los incentivos promocionales
las mismas Universidades Nacionales". A su vez, este furtivo y
subrepticio inciso se amparaba taimadamente en el articulado de
una Ley aprobada meses antes, el art.59, inc. e) de la Ley 24.521
de Educación Superior, que incentivaba a las mismas
Universidades Nacionales para que constituyan "...personas
jurídicas de derecho público o privado", o participen
en dichas personas jurídicas "...no requiriéndose
adoptar una forma jurídica diferente para acceder a los
beneficios de la ley 23.877".
Otro año más tarde, en 1996, y en el marco de la
Reforma del Estado-II, secuela de la última reforma
constitucional (1994), se creó por Decreto No. 1273/96, en
el ámbito de la Jefatura de Gabinete, el Gabinete
Científico-Tecnológico (GACTEC), integrado por la
mayoría de los ministros. Como parte de esta Reforma se
reestructuró el Ministerio de Cultura y Educación, por
el cual la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
Nación (SECYT) se transformó en el organismo
codificador de la política científica y
tecnológica, incluída la función de elaborar el
Plan Nacional Plurianual de Ciencia y Tecnología (PNPCT). (Nota 58) En este nuevo
esquema se designó en la SECYT al Lic. Juan Carlos del
Bello, y al frente del CONICET al Dr. Enrico Stefani, profesor en
la Universidad de California. Este último duró en su
gestión apenas nueve (9) meses (Mayo de 1997--Marzo de
1998), revelando en su pública renuncia los mecanismos
mediante los cuales el poder político, representado por el
Secretario del Bello, faltaba a los principios de la
confidencialidad y la división de funciones, avasallando
reiteradamente a la Junta de Calificaciones, órgano
máximo del CONICET, y responsable de elevar al Directorio
los dictámenes de las Comisiones Asesoras de Becas e Ingreso
a Carrera. (Nota 59) Del
Bello pensó que eligiendo a un científico prestigioso
en los ámbitos internacionales, y que hacía
décadas que no residía en el país podría
controlar mejor un organismo cuyas autoridades lo observaban con
profunda desconfianza y aprehensión. (Nota 60) Sin embargo, la elección le
jugó una mala pasada, pues el Dr. Stefani no se prestó
a la maniobra y buscó desplegar una estrategia propia, y al
decir de Deleuze, una línea de fuga o fuerza independiente
de los dictados de la SECYT. (Nota 61) Cabe agregar, que en su solitaria y angustiosa pero
digna despedida del CONICET, el Dr. Stefani se vió privado,
mediante mecanismos típicamente fascistas, de poder convocar
a una conferencia de prensa. (Nota 62)
Posteriormente, del Bello hizo designar al frente del CONICET
al Ing. Armando Bertranou, quien pretendió infructuosamente
desterritorializar sus Centros Regionales. (Nota 63) La oposición a la
descentralización de la investigación científica
corrobora lo afirmado por Vessuri (1997) acerca de que una
estrategia es decentralizar la docencia superior pero muy otra la
de descentralizar la investigación. Para Vessuri (1997), el
problema de la penuria científica "...no se resuelve
multiplicando instituciones que ´imiten` la
investigación, haciendo trabajo de calidad inferior o
redundante y dispersando los escasos recursos públicos". (Nota 64) Esto no quiere
decir que en la era digital en que se eliminó la "distancia"
Vessuri se oponga a la descentralización geográfica de
la investigación pero sí que se opone a la
diversificación de recursos valiosos que es preciso
concentrar para invertir en aquellos costosos insumos
informáticos que necesariamente se deben importar para
usufructo de todos los científicos.
También del Bello hizo un culto del "protagonismo
privado" y del paradójico apotegma del "divide y
reinarás", pues atomizando el tejido territorial del aparato
científico-estatal pudo controlar mejor el mismo. Esta
atomización consistió en multiplicar y superponer --por
Decreto 1660/96-- agencias y organismos paralelos al CONICET, tal
como la denominada Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica (ANPCYT), destinado a aplicar
el régimen de la Ley No. 23.877, de Promoción y Fomento
de la Innovación Tecnológica (1990). (Nota 65) La ANPCYT, a cargo de un
Directorio de nueve (9) miembros, entró a controlar la
asignación de los fondos para convenios de vinculación
tecnológica, mediante el Fondo Tecnológico Argentino
(FONTAR), antes dependiente del Ministerio de Economía,
así como la distribución de subsidios para
investigación (dirigido sólo a grupos de investigadores
y mediante un complejo soft) a través del Fondo para la
Investigación Científico y Tecnológica (FONCYT).
Este contralor en la asignación de fondos fué
atribuído al argumento de que el CONICET no podía ser
juez y parte interesada, otorgando subsidios a sus propios
integrantes, confirmándose así implícitamente las
denuncias de Stefani. En la práctica, a diferencia del
CONICET, este nuevo organismo carecía de control
democrático alguno y venía a competir con el CONICET en
su rol evaluador y a despojarlo de los recursos del Fondo de
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior (FOMEC).
Al igual que en la CONEAU y en la Secretaría de Ciencia y
Técnica de la Universidad de Buenos Aires (UBACYT), la
ANPCYT y el FONTAR confeccionaron un Registro de Expertos del
cual se desinsaculan los evaluadores confidenciales de cada
proyecto.
Pese a estos novedosos mecanismos evaluadores, el sistema de
desterritorialización descentralizadora universitaria y
científica se degradó al extremo de convertirse en un
simulacro o más bien una parodia, pues fomentó los
intereses particularistas y generó una
descapitalización social y cultural, con mayores niveles de
corrupción y desigualdad entre los investigadores,
profesores y alumnos y también entre las jurisdicciones
provinciales y municipales, ya bastante golpeadas por los
procesos de desindustrialización y de globalización. En
sólo la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se
formularon casi un centenar de denuncias de corrupción, como
venta de materias, adulteración de títulos y hasta la
sustitución de personas en exámenes escritos. (Nota 66) Y en la Universidad de
Buenos Aires (UBA), en 1998, el escándalo de los
exámenes fraudulentos de los hijos del Jefe de Gobierno y
futuro Presidente Fernando de la Rúa provocaron sumarios
administrativos que merced a negociaciones extrajudiciales no
alcanzaron la instancia procesal. (Nota 67) Este proceso degradador y
descapitalizador se extendió a la SECYT y al Directorio del
CONICET, donde en 1997 se reabrió la autorización para
la prestación de múltiples asesorías y/o
consultorías, así como para transferir tecnología
y prestar servicios a terceros.
Finalmente, todas estas diversas y diferenciadas actividades
de certificación, evaluación y promoción, entraron
sospechosa y crecientemente a vincularse entre sí,
culminando dos años más tarde, en 1998, con la
formulación desde la propia SECYT del denominado Plan
Nacional Plurianual de Ciencia y Técnica 1998-2000 (PNPCT),
destinado a legitimar los procesos de descentralización
universitaria y científica, o, lo que es lo mismo, a
legitimar a numerosos institutos universitarios, nacidos muchos
de ellos de la presión de intereses meramente localistas y/o
partidarios. (Nota 68) Para
la formulación de estos planes, la SECYT creó el
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT),
órgano destinado a definir, articular e instrumentar
políticas conjuntas con los gobiernos provinciales y de la
Ciudad de Buenos Aires. Este organismo está orientado
esencialmente a proponer a la SECYT las áreas temáticas
prioritarias a ser consideradas por el Plan Plurianual.
II 2. Continuismo, fracaso, colapso y transición
(1999-2003)
En medio de un auge desestabilizador e insurreccional, y no
conformes con la desterritorialización descentralizadora o
desnacionalizadora de las agencias de control simbólico,
derivadas a instancias jurisdiccionales subalternas como las
provincias y las comunas, los intereses neo-liberales y
neo-conservadores impusieron en el continente Sudamericano planes
anti-insurreccionales como el denominado Plan Colombia, y en
Argentina políticas de continuismo económico y
educativo netamente economicistas (blindaje y megacanje) y
privatizadoras. Así como a fines del siglo XIX las
políticas secularizadoras discutieron la separación de
la iglesia y el estado, a comienzos de este milenio la Alianza
gobernante imprimió desde el Ministerio de Educación de
la Nación --encabezado primero por el Dr. Juan José
Llach y luego por el Dr. Hugo Juri-- la neta separación de
la educación respecto del aparato del estado, a través
de los mecanismos indirectos de concesión de créditos o
certificados fiscales (el voucher y las escuelas
charter), y el "impuesto a los padres de los
alumnos pudientes", fruto de ideas que eran tributarias del
pensamiento economicista de Friedrich von Hayek y de las
teorías mercado-centristas de Milton Friedman, y que
venían aparentemente a resolver las asimetrías y
contradicciones gestadas entre una educación pública
provista y asignada por el estado y una educación privada
orientada por el dictado de la oferta y la demanda del mercado. (Nota 69)
Pero como era políticamente imposible privatizar la
educación y la investigación públicas o estatizar
la educación y la investigación privadas, estas nuevas
políticas neo-institucionalistas y neo-conservadoras
vendrían a perseguir un punto de fuga que resolviera esa
falsa dicotomía. Falsa dicotomía, por cuanto la
verdadera contradicción en esta era global y pos-moderna no
reside en la segmentación binaria entre la educación
pública y la privada, sino en la más flexible
segmentación circular que se dá entre una
educación que se brinda en las metrópolis imperiales y
aquella otra que se presta en la periferia mundial. Por ello,
quienes reniegan de las virtudes del voucher y las
escuelas charter sostienen no sin razón que
estas instituciones vinieron en realidad a actuar como flujo
socavador del arsenal de principios de control simbólico
correspondientes al estado liberal, a saber: la separación
de la iglesia y el estado, la educación pública,
gratuita, universal y obligatoria (Ley 1420) y la Reforma
Universitaria, que tienen tanto a la institución
universitaria como a la escuela laica como verdaderos motores
pilares del cambio y la movilidad sociales. (Nota 70) Más aún, la brecha
cultural existente entre la generación críada en una
cultura letrada o libresca y aquella otra generación
posterior criada en una cultura audiovisual o digital es abismal
y pareciera no existir programa alguno que intente eliminar esta
brecha. Y la proporción de publicaciones periódicas y
no periódicas de orígen local y fruto de la creatividad
e investigación locales disminuyó notoriamente con
relación a las publicaciones distribuídas por
editoriales hispanas traducidas del mundo europeo y
anglosajón.
Con el gobierno de la Alianza en el año del milenio
(2000), y conjuntamente con los intentos de imponer el Área
de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y de adaptar el
voucher y las escuelas charter en la
educación primaria, vino en la educación superior y en
el sistema científico el ensayo reformista mas conocido como
Plan Caputo o Kaput, apoyado por el Ministerio de Juan José
Llach, y su Secretario de Educación Superior Juan Carlos
Gottifredi (exmiembro del Directorio del CONICET durante el
Proceso). Este ensayo reformista intentó vanamente revertir
la disociación de la investigación y la docencia (que
había iniciado Houssay con la fundación del CONICET en
1958), mediante un inconsulto e improvisado desplazamiento
forzoso de los Investigadores de Carrera hacia las Universidades.
Sin embargo, este proyecto fue rechazado de plano por cuanto las
Universidades están cuestionadas por sus crecientes
deformaciones corporativas y oligárquicas, que restringen o
limitan los concursos a un limitado número de docentes
confabulados. Incorporar los Investigadores del CONICET a las
Universidades en calidad de docentes interinos sin concurso
alguno y sujetos a contrataciones anuales renovables
equivaldría lisa y llanamente a una muerte anunciada.
También fracasó dicho proyecto por obra y gracia de una
fractura interna (renuncia de Pablo Jacovkis a la Presidencia del
CONICET), una resistencia activa y masiva y una oposición
virtual o electrónica. (Nota 71) Por el decreto 20/99 se cambió el nombre de la
SECYT por el de SeTCIP (Secretaría para la Tecnología,
la Ciencia y la Innovación Productiva), se la puso bajo la
autoridad directa del PEN, y se disolvió el GACTEC y sus
funciones fueron absorbidas por la SeTCIP, bajo cuya
jurisdicción quedó la CNEA, el CONICET, la ANPCYT y el
ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear).
Cuando los golpes de estado dejaron de operar en la
contención de las demandas del movimiento estudiantil
entraron a operar mecanismos corruptores contaminando las
estructuras universitarias y estudiantiles. En efecto, la
degradación, corrupción y descapitalización
educativa, la subordinación científica y la brecha
generacional experimentada durante el gobierno Menemista se
acentuó durante el gobierno de la Alianza, con
prácticas fraudulentas masivas tales como la quiebra de la
industria editorial local, la expedición de reintegros
fiscales con motivo de inversiones ficticias, la
adulteración de las becas estudiantiles, la
mercantilización de la burocracia estudiantil (e.g.:
usufructo de planes sociales, comercialización de bebidas y
apuntes, subsidios dados por los Decanatos para repartir las
denominadas becas de apuntes), la concesión de cargos
educativos vitalicios (profesores plenarios), el cobro de
jubilaciones de privilegio por parte de intelectuales
progresistas, y la fabricación de juicios usurarios contra
fundaciones filantrópicas (e.g.: contra la Fundación
Favaloro, que provocó el suicidio de su creador, el Dr.
René Favaloro).
(Nota 72 En Mendoza, el Ing. Eduardo Fabre, Subsecretario de
Promoción Económica y Tecnológica, verificó
el cumplimiento de las plantaciones comprometidas según el
régimen de promoción para proyectos forestales en
beneficio de quien es su socio en una estación de servicio,
el Vicegobernador Juan González Gaviola, cuñado del
excandidato presidencial José Octavio Bordón. (Nota 73) La condición de
profesor plenario, con todas sus concomitancias vitalicias, fue
debatido en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA a
fines del 2001, dejando un amargo sabor. (Nota 74) Y en cuanto a la adulteración de
las becas estudiantiles, como en el gobierno de la provincia
de Buenos Aires (Ruckauf) la ayuda económica dada a los
estudiantes secundarios hijos de familias de escasos recursos
consistió en otorgar cien pesos ($100) mensuales (se
acordaron 150 mil becas, ante un total de trescientos mil
solicitudes), se sospechó que algunos colegios
habrían incentivado la adulteración de los datos
por parte de los padres para que sus hijos accedieran a las
becas, y de esta manera retener la matrícula paga. El
Director General de Cultura y Educación José Octavio
Bordón sostuvo que "...se castigará a quienes
mintieron en las declaraciones juradas para obtener el beneficio
y se lo vamos a sacar. Si una escuela privada hizo forzar una
declaración para financiarse sera llevada a la Justicia". (Nota 75) Por el contrario,
en este período se emprendió la Universidad de Madres
de Plaza de Mayo y el frustrado proyecto de portal
electrónico Educ-ar, destinado a agregar valor a la
docencia, motorizado por el mecenazgo tradicional o
filantropía institucional del empresario Martin Varsavski, y
que estaba integrado por un terceto de "hijos", compuesto por el
hijo del Presidente, el hijo del Ministro Llach, y el hijo del
excandidato presidencial José Octavio Bordón. (Nota 76)
Al año siguiente de 2001, mediante el decreto 250/01 la
SeTCIP pasó a depender del Ministerio de Educación, y
las Comisiones de Educación y Ciencia y Tecnología del
parlamento nacional, y desconfiando de la capacidad legitimadora
de la anterior legislación Menemista, bajo el influjo de la
entonces Secretaria de Ciencia y Técnica Dra. Adriana
Puiggrós y del Presidente del CONICET Lic. Andrés
Carrasco, se aprobó la denominada Ley Marco 25.467, o Ley de
Ciencia, Tecnología e Innovación, inspirada en un
proyecto previo del Senador por Jujuy Dr. Humberto Elías
Salum (UCR). (Nota 77) Esta
Ley Marco, en sus artículos 3º. y 10º. inc. d)
incluye a las Universidades Nacionales en un supuesto Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que
también violaría sus autonomías garantizadas por
la Constitución Nacional. (Nota 78) Cabe señalar que las gestiones de la Lic.
Puiggrós y del Lic. Carrasco no sólo no indagaron en
las corrupciones heredadas, sino que incorporaron en calidad de
Asesor al propio autor de los desaguisados denunciados, el Lic.
Juan Carlos del Bello. Siguiendo la tradición de gobiernos
anteriores (Aramburu, Lanusse, Perón, Menem), se ha
anunciado recientemente la erección por decreto de nuevas
universidades, localizadas en Junín (Pcia. de Buenos Aires),
y Chilecito (La Rioja).
(Nota 79) Últimamente, las universidades privadas se han
coaligado y fundaron un organismo paralelo a la CONEAU,
denominado Fundación Argentina para la Evaluación y
Acreditación Universitaria (FAPEYAU).
Recientemente, luego del colapso político-económico,
el vaciamiento bancario y la insurrección popular operada en
Diciembre de 2001 --que puso fin a una larga década de
simulación y corrupción gobernada con el piloto
automático de una paridad cambiaria ficticia-- y cuando
irónicamente el Banco Mundial proyecta cubrir la brecha
científica existente entre el centro y la periferia del
mundo mediante una red global de educación a distancia
(Global DistEdNet), las autoridades del CONICET venían
boicoteando sistemáticamente la inserción en portales o
redes electrónicas globales que proveen acceso a
externalidades y activos de la modernidad-mundo que no están
accesibles dentro de las fronteras de nuestro estado-nación,
y que pertenecen a grandes conglomerados del gran capital
transnacional cada vez mas cartelizados y globalizados. (Nota 80) Más aún, las
autoridades del CONICET se venían agraviando por no poder
financiar las publicaciones y los viáticos de sus
investigadores para poder asistir a congresos científicos
internacionales. (Nota 81)
Sin embargo, los Investigadores de dicho organismo denunciaron a
través de la Lista de Discusión Pol-Cien que el
daño más cruel que se les puede infligir en la presente
sociedad del conocimiento, no es la falta de publicación de
sus obras (que debiera ser exclusiva responsabilidad de editores
públicos o privados, nacionales o extranjeros), o la
incomunicación física --viajes mediante-- con el resto
del mundo, sino esencialmente la incomunicación
electrónica a la cual se ven constantemente sometidos, que
ensancha permanentemente la brecha
científico-tecnológica entre las metrópolis
científicas y los centros periféricos. (Nota 82)
Esta incomunicación o censura electrónica, que viene
padeciendo el cuerpo de Investigadores de Carrera y los
Institutos del CONICET, es una de las causales del creciente
distanciamiento con los centros de excelencia mundiales, y uno de
los motivos de su actual atraso, mediocridad y ausencia de
flexibilidad en su agenda científica. (Nota 83) Dicho Directorio del CONICET
habría venido boicoteando sistemática y ostensiblemente
la subscripción a los portales o Bases de Datos de
publicaciones periódicas, existentes online. (Nota 84) Este boicot ha sido en
beneficio de onerosos y superfluos viáticos y gastos de
mantenimiento de ciertos Institutos cuyo rendimiento y relevancia
académica y científica dista mucho de ser permisible
y/o tolerable. (Nota 85)
Como respuesta a estas reiteradas denuncias, recientemente la
SECYT anunció la creación --con la colaboración de
la Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel
Superior (CAPES), del Brasil-- de un portal de
publicaciones periódicas titulado Biblioteca
Electrónica de Ciencia y Tecnología, que ofrecería
acceso por Internet a centenares de revistas. (Nota 86)
Todo ello ha llevado a numerosos científicos y
educacionistas a replantearse el viejo modelo lineal o
triángulo de Sábato, o el patrón de vinculaciones
tecnológicas espaciales y espiraladas, que captura
relaciones recíprocas múltiples (entre instancias
públicas, privadas y académicas, a diferentes etapas de
la capitalización del conocimiento) para formar la
denominada Triple Hélice, de Leydesdorff y Etzkowitz,
rescatando la necesidad de ampliarlos y rediscutirlos,
incorporándoles nuevos actores y agencias. (Nota 87) Esta incorporación de nuevos
actores, agencias y políticas bien podría inducir o
forzar la mutación de identidades y objetivos
institucionales, al extremo de reterritorializarse en las
denominadas universidades empresariales o corporativas, o
practicar el pasaje desde la investigación básica o
pura hacia la investigación aplicada, o el llamado
capitalismo académico. (Nota 88) Las políticas de filantropía corporativa
y las estrategias fiscales que promueven el mecenazgo mediante
donaciones y créditos impositivos tendría mucho que ver
con la apropiación privada del mundo académico por
parte del poder corporativo y financiero, lo cual vendría a
agudizar aún mas la estratificación geopolítica y
sociotecnológica de la investigación científica. (Nota 89) En el caso
argentino, la mutación forzosa de la identidad de la
Fundación Campomar fue exigida a cambio de donaciones
sustanciales por parte de un ex empresario petrolero ligado al
Opus Dei (Pérez Companc). (Nota 90) También las empresas Zeltek S.R.L. (gerenciada
por el Lic. M. Daelli), y Labofrant (dirigida por el actual
Presidente de CAPROFAC Dr. Juan Torres), habrían logrado
colonizar a la Universidad Nacional del Litoral (UNL),
usufructuando las instalaciones y recursos humanos de dicha
Universidad bajo el paraguas de una legislación
inconstitucional. Asimismo, los Institutos de Desarrollo
Tecnológico para la Industria Química o INTEC (dirigido
por el Dr. Alberto Enrique Cassano), y el Instituto de
Tecnología Biológica (Intebio, dirigido por el Dr.
Alberto Marcipar), pertenecientes a dicha Universidad,
fabricarían fármacos cuya invención procede de
patentes externas.
(Nota 91) Últimamente, por Decreto de necesidad y urgencia No.
2508/02, y con manifiesto disgusto de los Colegios Profesionales,
se ha dispuesto que en las contrataciones de asesorías o
consultorías, la Administración Pública Nacional
otorgue trato preferencial a las Universidades Nacionales. (Nota 92)
De forma parecida cabría opinar acerca de la misma UBA,
donde en el ocaso del Shuberofismo se alcanzó el colmo de la
corrupción cuando se ofendió a la miseria y se
alimentó la crónica policial al usurpar desde los
estratos del poder académico los recursos que el estado
nacional adjudica a la población desocupada y marginada. (Nota 93) En cuanto a las
universidades privadas, en la práctica no existe marco
regulatorio alguno, pues la CONEAU se ha convertido en pasto de
lobbies y camarillas. Recientemente, en la inauguración de
la Universidad FASTA (Fraternidad de Agrupaciones Santo
Tomás de Aquino), en Bariloche, acreditada por la CONEAU, su
Rector Fr. Aníbal Fosbery homenajeó al exjerarca y
criminal de guerra nazi Erich Priebke. (Nota 94) También se podría opinar
acerca de los planes liquidacionistas del Movimiento RECREAR del
excandidato presidencial Ricardo López Murphy (calcados del
Plan Caputo) o acerca de la actual gestión universitaria de
Guillermo Jaim Etcheverry en la UBA, que se ha reducido a un
gatopardo continuismo posmoderno, pues salvo la reciente
decisión de combatir las incompatibilidades de quienes
ejercen cargos ejecutivos simultáneamente con cargos
deliberativos, no ha encarado una verdadera democratización
de la educación superior (extensión de los concursos a
los profesores interinos o de lo contrario otorgarle poder de
voto en los Consejos Directivos), ni ha modificado el Estatuto
Universitario imponiendo la elección directa del Rector,
Decanos y Consejeros Superiores; ni ha racionalizado el gasto
presupuestario (que registra increíbles partidas para
órganos meramente normativos o consultivos como el Consejo
Superior), limitándose a perpetuar las estructuras
corporativas y facciosas que su predecesor había
cristalizado. (Nota 95)
Recientemente, debido a esta falta de respuesta de las nuevas
autoridades universitarias, y en medio de un estado de
excepción a escala global y de una dictadura terrorista
imperial expresada en el Proyecto por un Nuevo Siglo
Norteamericano (PNAC), producto de un golpe de estado a los
organismos internacionales (ONU), la emergencia de nuevos
sectores sociales marginados, caracterizados como
piqueteros y cartoneros, nuevos flujos
estudiantiles provenientes de la Facultad de Ciencias Sociales
tomaron el edificio del Rectorado, reclamando reivindicaciones
mínimas (un inmueble único para su Facultad, el respeto
al nuevo régimen representativo adoptado y el sobreseimiento
de los estudiantes procesados). El nuevo régimen
representativo igualitario de "un ciudadano un voto" que los
estudiantes exigían estaría alimentado por el rotundo
fracaso del régimen de concursos y de la representación
tripartita desigual en los Consejos Directivos, así como
dirigido a la búsqueda de una justicia popular educativa, de
alternativas al neo-liberalismo, y de nuevas síntesis
teóricas, producto de viejas y nuevas teorías tales
como la teoría de la personalidad y el aprendizaje de
Vygotsky, la teoría de la concientización de Freire, el
constructivismo pedagógico de Bernstein y Apple, la
antropología corporativa de Suchman, la multiplicidad
funcional del intelecto y la educación personalizada o
centrada en el individuo de Gruber, Gardner y Csikszentmihalyi,
las tesis sobre las líneas de fuga y la segmentaridad de los
flujos moleculares de Deleuze, la justicia popular revolucionaria
de Fitzpatrick, y la transmodernidad en los Estudios Culturales
de Dussel y Mignolo.
(Nota 96)
III. Fraccionamiento y centralización del poder
académico y científico (1990-2003)
A continuación de este racconto
histórico de las persistencias, sumisiones y rupturas del
sistema cultural y científico-educativo argentino hemos de
detallar el desempeño de las funciones de control
simbólico y jurídico (curricula, pedagogía y
evaluación), que se dieron en el transcurso de las
políticas académicas y científicas a partir de los
inicios de la década del 90. En efecto, so pretexto de una
necesaria modernización del aparato del estado, desde los
propios aparatos burocráticos, públicos y privados, se
fue imponiendo una división del trabajo en la
producción de valores simbólicos y jurídicos
(académicos y científicos), que habiendo disociado la
investigación y la docencia en tiempos de Houssay (1956-69),
venía ahora a disociar primero la docencia de la
acreditación de la docencia (CONEAU), y más luego las
funciones administrativas o ejecutivas (Presidencia y
dirección de los Institutos del CONICET) de las funciones
evaluadoras o promotoras de la investigación (subsidios en
la ANPCYT).
En el accionar de las instituciones educativas y
científicas son claves los aparatos simbólicos y
jurídicos, que dramatizan el mapa emocional,
mitológico, idolátrico, legal y reglamentario de dichas
instituciones. En la tarea de legitimar los saberes y poderes de
las instituciones científicas y educativas es fundamental
tener en cuenta que si bien existen pluralidad de formas
regulatorias correspondientes a las diversas instituciones que
entre ellas interactúan todo el sistema
científico-educativo es regido por el sistema jurídico
de un estado moderno centralizado. Y en la tarea de optimizar o
maximizar el capital simbólico de una institución el
nombre o razón social es de una naturaleza estratégica
a los efectos de potenciar su poder diferencial, fundado ya no en
la calidad tangible del producto sino en su calidad intangible o
marca registrada y en su correspondiente asociación con un
nombre, ídolo o logo-imagen. (Nota 97) En el caso de la Fundación
Campomar, la mutación forzosa de identidad fue orquestada a
partir de un operativo de ingeniería financiera consistente
en optimizar o maximizar el capital simbólico de la
Fundación a los solos efectos de incrementar su potencial
publicitario y crediticio. (Nota 98) Y en el caso de la Universidad de Lanús, en su
afán por afirmar su identidad política, sus pabellones
llevan los sugestivos nombres de marca ideológica, tales
como Scalabrini Ortiz, Manzi, Jauretche y Puiggrós.
Amén de los símbolos, como las marcas o patentes, se
dan también ritos o rituales e ídolos que afirman la
identidad corporativa. En el caso de la Universidad Abierta
Interamericana (UAI), se practica una suerte de disciplinamiento
o tutela patriarcal con rituales de vasallaje, al conminar
periódicamente a su personal docente a escuchar sumisamente
las pastorales de su Rector, asi como a participar coactivamente
de la denominada "Fiesta de la Familia" cada 21 de Noviembre en
su Rancho Taxco, bajo apercibimiento que al ausente se le
descontará el día.
(Nota 99) Y en el caso de la Universidad de Belgrano (UB),
la ceremonia de graduación se cumple en medio de complejos
rituales, donde sus máximas autoridades imitan la
indumentaria de rigor de los países centrales, capa y
birrete incluídos.
A diferencia de los reparticiones oficiales cuyo único
organismo evaluador se reduce al Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP), adscripto al Sistema
Nacional de Profesión Administrativa (SINAPA), todas las
instituciones de control simbólico, tanto el CONICET, como
la CONEAU, el ANPCYT, el FOMEC y las Universidades Nacionales
soninstituciones de naturaleza fundamentalmente triádica,
con simultáneas funciones ejecutivas o administrativas
(pedagógicas), normativas (curriculares) y evaluadoras, las
cuales deben ser diferenciadas y profundamente respetadas en su
individualidad e independencia. Así como las funciones
específicamente evaluadoras deben ser honradas en su
confidencialidad y libertad académica, las funciones
normativas o curriculares deben ser respetadas en su
independencia y libre deliberación. Las funciones
evaluadoras se fueron separando o disociando en una
bifurcación de funciones certificadoras y calificadoras. A
su vez, las funciones calificadoras se fueron fraccionando en una
tripartición de tareas que consistieron en la concesión
de subsidios de investigación, convenios de transferencia
tecnológica y contratos de asesoría y consultoría.
Y la función normativa por excelencia se redujo a la
función planificadora del aprendizaje, la docencia y la
investigación.
No obstante esta compleja división de funciones y tareas
burocráticas, que seguía el paradójico
dictum del "divide y reinarás", los lobbies
entrelazaron una facciosa red y un promíscuo contubernio
entre estos diferentes fragmentos del poder simbólico,
jurídico y político; así como entre las distintas
instancias evaluadoras de los organismos
científico-educativos: los Comités de Pares de la
ANPCYT y de la CONEAU, la Junta de Calificaciones y las
Comisiones Asesoras de Becas e Ingreso a Carrera del CONICET, las
Coordinaciones de Áreas y comités de pares del FOMEC,
la Comisión para la Acreditación de Postgrados (CAP),
las Comisiones Interdisciplinarias de Contratos de Asesoría
y Consultoría del CONICET, la Comisión de
Evaluación de Unidades Ejecutoras del CONICET, las
Comisiones Asesoras de las Secretarías de Ciencia y
Técnica de las Universidades Nacionales, y los Consejos de
Planificación Regionales de la Educación Superior
(CPRES). (Nota 100)
III a. Redes certificadoras o de evaluación y
acreditación educativa (CONEAU)
Las funciones de control simbólico y jurídico, de
naturaleza acreditadora o certificadora, con contenidos
evaluatorios, antiguamente libradas a las esporádicas
facultades ejecutivas de los poderes administradores provinciales
y nacionales se concentraron primero, en 1990, en la Junta de
Planeamiento Universitario (JPU) y luego, tres años
después, en 1993, en la Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU). A partir del Pacto de Olivos (1994) y de la
Ley de Educación Superior (1995), toda la responsabilidad de
la ofensiva contra una endeble y debilitada concepción
republicana o trifuncional de la universidad, como columna
vertebral de un estado-nación promotor del cambio social,
que era la Universidad Reformista, lamentable y falsamente
representadas por el Shuberofismo en Buenos Aires y el Delichismo
en Córdoba, se centró en las labores de la
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Educativa (CONEAU).
(Nota 101)
Este organismo, cuya existencia fue sugerida por el Banco
Mundial, creado por la Ley de Educación Superior No. 24.521,
y promulgado en 1995, recayó sin embargo en poder de una red
clientelar y prebendaria entrañablemente ligada al Senado,
en especial al Senador Eduardo Menem, y encabezada por el
Licenciado Ernesto Fernando Villanueva. Esta poderosa red
comenzó a vincularse con los representantes del Pacto de
Olivos, como el Dr. Adolfo Stubrin (marido de la Diputada
Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología Lic.
Lilia Puig de Stubrin), y la decena de miembros de su órgano
colegiado (designados por el PEN a propuesta de diversos
organismos públicos), para terminar incluyendo en sus filas
en el interregno Duhaldista al mismísimo exSecretario de la
SECYT Lic. Juan Carlos Del Bello y a Jorge Federico Mikkelsen
Loth Aragonés, sobrino carnal de Nina Aragonés de
Juárez, la mujer del exGobernador de Santiago del Estero y
actual Gobernadora.
Estos funcionarios se habrían complicado con la
omisión de la debida división de funciones y poderes en
los ámbitos del sistema de control simbólico y
jurídico así como con una tergiversación de las
funciones evaluadoras, al no haber intentado combatir la
desviación en que se encuentran nuevas instituciones
universitarias, que pueden ser calificadas entre dogmáticas
y mostrencas o instituciones-chatarra.
(Nota 102) Gran parte de estas nuevas
universidades, al igual que las inauguradas bajo la
Revolución Libertadora, el Onganiato, el Lanussismo (Plan
Taquini) y el Isabelismo, así como los nuevos Consejos
científicos provinciales, (Nota 103) serían "chatarra" por exhibir en
su oferta docente una correspondencia directa con las necesidades
económicas del mercado, expresada en una curricula ligada
con carreras cortas de supuesta rápida inserción en el
mercado ocupacional y en los espacios estatales, tales como
hotelería, jardinería, diplomacia, turismo, yoga,
enfermería, periodismo e indumentaria, pero que esconden una
tecnologización de los oficios o Macdonalización de los
estudios, fiel reflejo de los mecanismos degradadores de la
ciencia instalados en nuestras universidades. (Nota 104) También serían
"mostrencas" por responder a limitados intereses locales o
comarcales (regionales, provinciales y municipales), por hacer
eje exclusivo en el aprendizaje y la docencia con total
despreocupación por la investigación científica,
por estar sus planteles docentes viciados con títulos de
nivel terciario, por carecer de capital cultural y de toda
vinculación raigal con las antiguas instituciones
nacionales, y por no ser reconocidos como centros de excelencia y
de respeto a la división o partición de funciones y
poderes, múltiple razón por la cual sus egresados
quedarían eventualmente enajenados de los mercados de
recursos humanos calificados, antesala de crisis, tribalizaciones
y fragmentaciones intestinas. (Nota 105)
Los integrantes de las comisiones asesoras y de los
comités de pares de la CONEAU, de acuerdo con las normativas
incluídas en su página web, son designados por su
Directorio y son escogidos por especialidad y región entre
los candidatos de su Banco o Registro de Expertos, confeccionado
a partir de consultas con universidades, asociaciones
científicas, colegios profesionales y otros organismos
técnicos pertinentes. Sus opiniones y recomendaciones son
debidamente fundamentadas, mediante el apoyo de un equipo
permanente y utilizando criterios y procedimientos aprobados por
la misma CONEAU, las cuales constituyen la base de sus
resoluciones administrativas. Sin embargo, de la lectura de las
normativas y procedimientos normativos en vigor, y de su
implementación, queda claro que en esta materia hay "hijos y
entenados" o una suerte de discriminación
institucionalizada. Tampoco queda claro como se resuelve la grave
tensión entre la necesidad de la sociedad de contar con
evidencias relevantes y transparentes y la necesidad de proteger
la confidencialidad de la información evaluatoria, tal como
la que se refiere a la selección de las universidades y
asociaciones científicas y profesionales a las que se
consulta para confeccionar el Registro de Expertos, así como
cuales son las autoridades que eligen --de entre el menú
ofrecido por dicho Registro-- al experto que habrá de
efectuar la evaluación correspondiente a cada caso en
particular. (Nota 106)
Es decir, el Directorio de la CONEAU no habría hecho
respetar la plataforma central de la Ley 24.521, en lo que hace a
las libertades académicas y la igualdad ante la ley, y
habría traicionado el verdadero sentir de la
descentralización universitaria al no respetar la
independencia de sus órganos evaluadores, la
planificación y puesta en práctica de políticas y
estrategias tendientes a transparentar el nivel de los criterios
de selección de los expertos y pares elegidos para evaluar
las instituciones solicitantes, asi como los criterios de
evaluación mediante los cuales se mide y califica las
investigaciones, el aprendizaje y la docencia, entre ellos la
transparencia informativa, la representatividad
político-académica del alumnado, la comunicación
electrónica y la calidad intelectual y moral de las
normativas y los recursos técnicos y humanos. Finalmente,
cabe preguntarse entonces ¿que garantiza que los miembros
del Directorio de la CONEAU no interfieran en los dictámenes
de los pares evaluadores de dicho organismo? ¿qué es lo
que los diferenciaría políticamente a los expertos y
pares evaluadores de la CONEAU con los elegidos por la ANPCYT, el
UBACYT, o la Junta de Calificaciones y las Comisiones Asesoras de
Becas e Ingreso a Carrera y las Comisiones Evaluadoras de
Unidades Ejecutoras del CONICET?
III a 1. Redes de certificación de universidades
públicas.
En cuanto a la creciente descentralización de las
funciones de control simbólico (aprendizaje y docencia
universitarias), operadas en ambas presidencias de Menem, gran
parte de su expansión se debe atribuir esencialmente a los
intereses locales por tratar de contener el creciente desempleo
en las franjas juveniles, operando así como una verdadero
punto de fuga o válvula de escape que retarde el ingreso de
los mismos al mercado de trabajo, así como también a
las mayores ansias de movilidad social de los jóvenes del
conurbano respecto de los de la Capital. (Nota 107) También se debe atribuir esta
expansión al interés corporativo y partidario por
emular al Shuberofismo, al Delichismo y a los Freddy Boys (por el
exMinistro Federico Storani), quienes por sus redes de
clientelismo y reciprocidad prebendarias y la concepción de
coto de caza practicada en diversas universidades públicas
bajo su control (UBA, UNLP, UNC, UNLu y UNMdP), provocaron la
consiguiente envidia y admiración en las conducciones
provinciales justicialistas, acostumbradas a una concepción
de botín de guerra.
Ello no quiere decir que en estas nuevas universidades
nacionales provincializadas el proceder fuera a ser distinto,
sino que vino a ser una reproducción ampliada de su espejo,
donde estas universidades "mostrencas" pasaron a ser simples
rehenes de las burocracias partidarias provinciales. Es preciso
advertir que la correlación que aquí se dá de
numerosos detentadores de cargos políticos diversos no
necesariamente indica la existencia de ilícitos. Los
caudillos territoriales del interior argentino fueron en estos
tiempos, los Sapag en Neuquen, los Saadi en Catamarca, los
Rodríguez Sáa en San Luis, los Juárez en Santiago
del Estero, los Insfrán en Formosa, y los Menem en La Rioja.
Es decir, que sobre los estrechos vínculos sostenidos entre
la Universidad Nacional del Comahue y el Sapagismo, entre la
Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y el Saadismo, entre la
Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y el Adolfismo
(Rodríguez Sáa), entre la Universidad Nacional de
Santiago del Estero (UNSE) y el Juarizmo, entre la Universidad
Nacional de Formosa (UNF) y el Insfranismo, o entre la
Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) y el Menemismo, pueden
utilizarse argumentos críticos semejantes respecto del
Shuberofismo. (Nota 108)
Pero esta descentralización del control simbólico
(aprendizaje y docencia universitarias), ahora facilitada y
legitimada por la CONEAU, no hubiera sido posible de no haber
existido esos estrechos vínculos arriba mencionados y una
red de patronazgo, clientelismo, amiguismo y reciprocidad
prebendaria y facciosa que se habría extendido por todo el
interior del país haciendo uso y abuso de su capacidad de
pillaje y depredación. En la UNSL, la Secretaría de
Extensión Universitaria, que es la que está en contacto
con el resto de la provincia, está dirigida por el Lic.
Daniel Alfredo Rodríguez Sáa, pariente del exGobernador
y exPresidente Adolfo Rodríguez Sáa. En la Universidad
Nacional del Comahue (UNCo), su actual Rectora Ana Pechén de
D´Angelo fué patrocinada por el Movimiento Popular
Neuquino (MPN), del Sapagismo, habiendo sido acusada por el
movimiento estudiantil de haber ejercido en 1975 la
Secretaría Académica de la Universidad Nacional del
Sur, durante el represivo rectorado de Remus Tetu. (Nota 109) Recientemente, luego
de arduas negociaciones, las autoridades de la Universidad
Nacional de La Rioja (UNLaR) fueron juzgadas y absueltas por la
Comisión de Presupuesto del Senado Nacional por el uso y
abuso que hizo de fondos del CONICET. En la Universidad Nacional
de Jujuy (UNJu) se dió un caso muy parecido, primero con
fondos de la UNESCO, por cuanto su Decano de Humanidades, el Lic.
Mario Rabey, designado en abril de 1998, fue depositario de
ingentes fondos del proyecto "Quebrada de Humahuaca, Patrimonio
de la Humanidad", para lo cual se lo designó titular de la
Comisión de Gestión Interinstitucional. Rabey
habría incurrido en "mal manejo" de los fondos de la UNESCO
y de los fondos que tiene la facultad, y conjuntamente con el
Rector Daniel González, de los fondos de la universidad en
general. (Nota 110)
Más luego, el Consejo Directivo de su Facultad de
Humanidades denunció por ante la Sindicatura General de la
Nación (SIGEN) que el Rectorado de la UNJu ha realizado
inversiones ilegales de hasta medio millón de dólares
en empresas de inversión. (Nota 111) En la Universidad Nacional de Rosario
(UNR), el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas (1993-1995)
Ing. Civ. Rubén Héctor Giustinian, se recicló como
Diputado Nacional, en representación del Socialismo Popular
y por consiguiente de la entonces Alianza; y el Decano de
Odontología y luego Rector por casi una década
(1986-1994) Dr. Juan Carlos Millet se recicló primero como
Diputado Provincial entre 1995 y 1999, para luego devenir
Diputado Nacional por la UCR. En la Universidad Nacional de
Misiones (UNaM), la Secretaría de Extensión
Universitaria, con cargo docente pero en funciones no docentes
durante casi veinte (20) años, María Nilda Soda, se
recicló primero como concejal de la ciudad de Posadas, y
luego como Diputada Nacional por la UCR o Alianza. Y en la
Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), su Rector en 1992 Tulio
Abel Del Bono devino luego Diputado Provincial por el
Justicialismo.
En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), cuando el Ing.
Raúl Pesack llegó como Rector normalizador de dicha
institución, entre 1984 y 1989, introdujo en los claustros a
su clientela comiteril, al extremo de designar al frente del
Observatorio Astronómico al Sr. Cesar Augusto Mondinalli,
quién a duras penas exhibía el título de bachiller
y llegó a causar un profundo daño a esta venerable
institución, que fuera otrora dirigida que por Johannes
Hartmann (1920-1934) y visitada en 1925 nada menos que por Albert
Einstein. (Nota 112) En la
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en la Provincia del
Chaco, mientras el Vicedecanato y luego la Secretaría
Académica de la Facultad de Ciencias Económicas son
ocupados por la Lic. Susana Paulina Gusinsky de Gelman, su marido
Abraham Sergio Gelman opera desde sus cargos políticos,
primero como Ministro de Gobierno, luego como Secretario de
Desarrollo Social, y finalmente como Diputado Provincial por la
UCR. En esta última universidad, los jóvenes dirigentes
de Franja Morada que manejan la política partidaria en la
universidad, ni bien se reciben son contratados por el gobierno
de la provincia en cargos que duplican las funciones de los
cuadros burocráticos, pero con contratos profesionales.Y en
otras muchas universidades estas políticas
patrón-clientelares se practicaron en forma muy disimulada y
soterrada, haciéndose extremadamente difícil probar los
contubernios, pactos y nepotismos políticos por falta de
transparencia y carencia de información.
Pero el proceso de descentralización del control
simbólico (aprendizaje y docencia universitarias) con que se
benefició a los conurbanos de las grandes megalópolis,
golpeadas por la desindustrialización --generadas por las
políticas neo-liberales y por el impacto globalizador de las
nuevas tecnologías-- alcanzó ribetes propiamente
grotescos a partir del Pacto de Olivos (1994) y mucho antes de
que entrara a operar en ellas la CONEAU. (Nota 113) La dirección de las universidades
se feudalizó territorialmente en ciertos y determinados
cotos de caza y entró a funcionar como un simple botín
a repartir, compuesto de "premios consuelos", para compensar o
premiar a los cuadros político-partidarios que quedaban
rezagados y/o relegados en las internas oficiales. Estas
universidades cuentan, al decir de García de Fanelli (1997),
con una mayor flexibilidad burocrática por ser más
pequeñas y jóvenes y estar estructuradas en forma
departamental. (Nota 114)
Ellas brindan una oferta educativa diversificada según
áreas de conocimiento, y según la extensión en el
tiempo de sus planes y programas de estudios, contando por lo
general su cuerpo docente con un plantel compuesto por graduados
universitarios, con una dedicación horaria mayor, y sin pago
alguno por antiguedad.
(Nota 115) En muchos casos, diversas instituciones universitarias
han incurrido en fraudes sistemáticos al superpoblar las
cátedras con profesores de nivel terciario pero cuyos
títulos no los habilitan para ocupar cátedras en el
sistema universitario público. (Nota 116) Si bien todos estos rasgos son una
condición necesaria para promover el desarrollo de
investigaciones científicas, estos no son una condición
suficiente, pues lo que es imprescindible es el espíritu
crítico, y la cantidad y calidad de los fondos
bibliográficos de sus respectivas bibliotecas. Como estos
fondos son lamentables, la única forma de suplirlos y
superarlos consiste en generar ciberbibliotecas aprovechando los
servicios de los laboratorios informáticos, pues con los
derechos de acceso a las grandes bases de datos del mundo y con
los fondos digitalizados de otras bibliotecas es posible ofrecer
un menu muy variado de opciones, para su selección por la
demanda estudiantil y docente, para bajarlos de la red y/o para
almacenarlos en soporte disco, CD-Rom y DVD. (Nota 117)
En estas universidades tampoco habría división
tripartita de las funciones académicas que valgan, y sus
conducciones estarían expuestas a los vaivenes
políticos de cada comuna. Los caudillos territoriales del
Gran Buenos Aires fueron en tiempos de la subasta de
universidades, Alberto Pierri en Matanza, Eduardo Caamaño en
Quilmes, Hugo Curto en Tres de Febrero, Manuel Quindimil en
Lanús, Luis Ortega en General Sarmiento y Antonio Libonati
en San Martín. En la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
(UNLZ), fundada en 1972 en los antiguos predios de la Chacra de
Santa Catalina, el control lo ejerce actualmente en forma directa
la esposa del actual Presidente, Chiche Duhalde, siendo su Jefe
de Gabinete, Pedro Bautista Toma, hermano del exMinistro,
Diputado y Jefe de la SIDE Lic. Miguel Ángel Toma. Esta
universidad cuenta con mas de treinta mil (30.000) estudiantes y
exhibe una moderna infraestructura física con una biblioteca
de más de cincuenta mil (50.000) libros y un servicio de
Internet al que cada alumno tiene un límite máximo de
acceso gratuito de treinta (30) minutos diarios en las horas
pico. En la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires (UNICEN), con sede principal en Tandil, fundada en
1973 con el patrocinio parlamentario del Senador Fernando de la
Rua, el rectorado estuvo desde un principio en manos del Dr. Juan
Carlos Pugliese (h), hijo del exPresidente de la Cámara de
Diputados durante la Presidencia de Alfonsín.
Para que este proceso descentralizador operara fue
imprescindible implementar estrategias de ingeniería
inmobiliaria y jurídica. La ingeniería inmobiliaria
fué posible mediante la usurpación de fábricas y
talleres desguazados, y la ingeniería jurídica
necesaria para eludir las leyes, reglamentaciones y circulares
fiscales vigentes fue la figura o el eufemismo de la
Fundación, hasta entonces utilizada solo por las
universidades privadas, pero que a partir del 89 se implantó
en las Universidades Nacionales de la Matanza, San Martín,
La Rioja, Comahue y del Sur. En la Universidad Nacional de la
Matanza (UNLM), creada en 1989, y ubicada en San Justo (localidad
del oeste del conurbano, provincia de Buenos Aires), en las
cuarenta (40) hectáreas de la antigua fábrica
Daimler-Chrysler, está amparada por la Fundación
Universidad de la Matanza (FUNLM). (Nota 118) Tras el éxodo de Daimler-Chrysler
de la Argentina, a fines de la década del 80, la Volkswagen
se hizo cargo de las instalaciones, y luego se asoció a la
Ford a través de la empresa Autolatina. Como la
producción se concentró en la Planta de Pacheco
(Pcia.de Buenos Aires), perteneciente a la firma norteamericana,
el predio de San Justo quedó abandonado a su suerte,
acumulando cuarenta (40) millones de dólares en deudas
impositivas y fiscales. Fue el Presidente de la Cámara de
Diputados, Alberto Pierri, quién en negociaciones
incompatibles con la función pública, delitos que
actualmente se hallarían prescriptos, logró que
mediante la figura de la condonación impositiva el estado
renunciara a los créditos fiscales contra Autolatina,
traspasando su predio de San Justo a una fundación que el
presidía denominada Fundación Universidad de la Matanza
(FULM). De manera tal que Pierri adquirió para su
Fundación en cuatro (4) millones de pesos un inmueble que
estaría valuado en cuarenta y ocho millones de dólares,
es decir lo adquirió al diez (10) por ciento de su valor.
Tiempo después, cedió el inmueble --en préstamo--
a la Universidad que él mismo controlaba. (Nota 119)
En dicha Universidad de la Matanza se reprodujo la
política Shuberofista en su forma más grotesca,
abrevando sus autoridades la política universitaria en los
pasillos de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación durante la Presidencia de Alberto Pierri. (Nota 120) Esta Universidad
alberga más de veinte mil (20.000) estudiantes, y cuenta con
un parque informático compuesto por catorce (14)
laboratorios, con un servicio de Internet al que cada alumno
tiene un límite máximo de acceso gratuito en las horas
pico de sesenta (60) minutos diarios. La biblioteca funcionaba
desde 1994 en un sótano reciclado que contaba con bombas
extractoras, y con catorce mil (14.000) volúmenes, treinta
(30) suscripciones a revistas, material multimedia y una
intranet que comunicaba la biblioteca con dependencias de
la universidad, en gran parte financiada con un subsidio del
FOMEC del orden del medio millón de dólares. A fines
del 2000, las continuas inundaciones, el desborde de las
cloacas y las napas freáticas y el sellado de las bombas
extractoras (para no pagar un plus que les exigía Aguas
Argentinas), inutilizaron la biblioteca --la cual debió
trasladarse a una pequeña sala-- arruinando el 20 % de los
libros y causando pérdidas por un monto casualmente similar
al subsidio que supuestamente se había obtenido del FOMEC. (Nota 121) Sin embargo, en
la actual página web de la Universidad, no se relata lo que
acabamos de detallar, y a la Biblioteca se la describe tal como
había sido antes del anegamiento. Habiendo pasado ya un par
de años desde el desastre freático, nada se ha hecho
para reconstruir la Biblioteca. (Nota 122)
Pero también se registraron enjuagues con Fundaciones en
otras universidades del conurbano. En la Universidad Nacional de
San Martín (UNSAM), con sede en Villa Ballester (al norte
del conurbano de Buenos Aires), y ubicada en los antiguos predios
del INTI y del Liceo Militar Gral. San Martín, fué
fundada a instancias del Diputado Nacional y exIntendente
Escribano Antonio Libonati en julio de 1990. (Nota 123) Esta universidad creció bajo
el paraguas de la Fundación Universidad de San Martín
(FUNSAM), que también fuera fundada por Libonati, y se halla
apuntalada por el Senador Luis Barrionuevo, por el exIntendente y
exMinistro del Gobernador Duhalde en la Provincia Diputado Carlos
Brown, y por la exDiputada y actual Ministra Graciela
Caamaño de Barrionuevo, siendo su Secretario de Ciencia y
Técnica en 1994, el físico Pablo Fontdevila, quién
devino luego Diputado Nacional por el PJ de Tucumán y vocal
en su Comisión de Ciencia y Técnica. (Nota 124) Mediante la figura de la
condonación impositiva Barrionuevo y Libonati obtuvieron
para su Fundación la propiedad de varios inmuebles en San
Martín. (Nota 125) En
su momento, a mediados de los 90, la UNSAM celebró una
alianza con el CEDES (donde estaba Marcelo Cavarozzi) y la
fundida Fundación Banco Patricios (donde se hallaban
José "Pepe" Nun y Enrique Tandeter), y recepcionó los
alumnos de la quebrada Universidad Hebrea Argentina BAR ILAN
(UHABI), propiedad de Rubén Beraja y/o de Sergio Spolski.
Con posterioridad, desarrolló maestrías con doble
titulación con universidades extranjeras, tales como la
Georgetown University y la Universidad Autónoma de Madrid;
y con el apoyo del Ministro de la Producción de la Provincia
Carlos Brown, formalizó el denominado Polo Tecnológico
Constituyentes (PTC), consistente en convenios firmados con el
INTI, la CNEA y el CITEFA, y con el confesado propósito de
emular al Silicon Valley (California). (Nota 126)
En la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), ubicada en Bernal
(localidad del sur del conurbano, en la provincia de Buenos
Aires), las estrategias inmobiliarias fueron muy semejantes a los
de las Universidades de Matanza y San Martín, pues fue
fundada en 1989, e iniciada por el actual presidente de la
Cámara de Diputados de la Nación Eduardo Caamaño,
entonces Intendente de Quilmes (1988-1991), en las seis (6)
manzanas de la fábrica La Papelera Argentina, que fuera
propiedad de Celulosa Argentina. Por medio de una ley tributaria
de duración efímera que condonaba deudas fiscales, el
City Bank --que detentaba las acciones de Celulosa-- cedió a
la Universidad de Quilmes el predio de Bernal valuado en una
cifra sideral. De esa forma venal la Universidad de Quilmes se
habría apoderado del inmueble, quedando su gestión en
manos del Ing. Julio Manuel Villar, antiguo exiliado en
España, exfuncionario del CONICET en tiempos del
Alfonsinismo y exmiembro del Directorio del CONICET durante la
gestión del Ing. Bertranou, en la segunda Presidencia de
Menem. (Nota 127)
En la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), con
sedes en Caseros (localidad ubicada en el oeste del conurbano, en
la provincia de Buenos Aires), en el predio de la exfábrica
francesa de ropa deportiva Elles, y en Los Aromos,
Palomar, y con un alumnado que ronda los cuatro mil (4000)
estudiantes, debe su existencia al cacique local Hugo Curto y ha
desarrollado hasta el presente diez (10) carreras de grado,
cuatro (4) programas de complemento curricular y seis (6)
maestrías. Su actual Rector Aníbal Yazbeck Jozami se
había desempeñado, en la primer presidencia de Menem
como Interventor de la Junta Nacional de Granos (liquidador o mas
bien desguazador de sus plantas de silos), luego editor de la
costosísima revista Archivos del Presente (Fundación
Foro del Sur), y en la segunda presidencia como miembro del
Consejo Directivo del FOMEC (1995-97), Director del Banco Ciudad
y Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación de la Nación (1999). En el staff de dicha
Universidad se destaca el Instituto de Cooperación para el
Desarrollo de la Educación (ICODE), cuyo actual Director es
el Lic. Norberto Fernández Lamarra. Este Director se
había desempeñado en tiempos de Onganía en la
Secretaría de Educación de la Provincia de Buenos Aires
con Emilio Mignone, y en tiempos de Menem en el Senado Nacional
junto al Senador Eduardo Menem (1984 a 1996), y luego en la
CONEAU entre 1996 y el 2000, habiendo sido sumariado
conjuntamente con el Lic. Ernesto Villanueva por desempeñar
simultáneamente dos cargos y percibir dos salarios del
estado en violación de los regímenes de
incompatibilidades y de retiro voluntario. (Nota 128)
En la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), fundada en
1995, en Valentín Alsina, Partido de Lanús, al sur del
conurbano, en terrenos de los exTalleres Ferroviarios de Remedios
de Escalada (antigua Quinta de Zavaleta), el alumnado ronda los
quince mil (15.000) estudiantes, la biblioteca posee sólo
seis mil (6000) volumenes, y el servicio de Internet tiene en las
horas pico un acceso gratuito de sólo treinta (30) minutos
diarios. Su existencia se debe en gran parte a su cacique local
Manuel Quindimil, y su Rectora la Lic. Ana María Jaramillo
sólo puede exhibir en su curriculum haber sido mujer del
finado Senador Nacional Eduardo Vaca (PJ). (Nota 129) La Universidad Nacional de
General Sarmiento (UNGS), fundada en 1993, por Pedro Domecq,
exRector del Comahue (1973-74), tiene un alumnado que ronda los
diez mil (10.000) estudiantes, y una biblioteca de apenas dos mil
(2000) volúmenes. Fue creada a instancias del finado
Intendente de Gral. Sarmiento Luis Ortega, y su Secretario de
Gobierno José de Luca, posteriormente procesado y condenado.
Su entonces Rector José Luis Coraggio, ex Director del CEUR
y exilado sucesivamente en México, Nicaragua y Ecuador, se
hallaba estrechamente ligado con la Secretaría de
Acción Social de la Provincia de Buenos Aires, en tiempos de
los gobernadores Duhalde y Ruckauf. En el presente, las
relaciones con el actual Intendente Coronel Aldo Rico serían
de una mutua indiferencia. Debe destacarse que en contraste con
otras universidades del conurbano, y a pesar de la pobreza de su
Biblioteca, la UNGS viene dando un fuerte énfasis a la
investigación, pues su estructura se apoya en Institutos de
Investigación, y el ingreso a la docencia es concursado con
requisitos de proyectos de investigación. (Nota 130) Finalmente, la particularidad de
algunas Universidades Nacionales son sus muy aceitadas relaciones
públicas, pues han sabido instalar, en pleno microcentro de
Buenos Aires, sedes anexas o representaciones desde donde
sobre-exhiben multimediáticamente sus respectivas gestiones
académicas.
(Nota 131)
La pregunta de rigor sería entónces,
¿cuántos ejemplos mas de estos vínculos y deficits
se podrán detectar si se pudiera extender una
investigación semejante a todo el país? Digo si se
pudiera, porque la información que brindan las páginas
web del congreso nacional, de las legislaturas provinciales y de
muchas universidades nacionales es francamente desalentadora.
Ellas ocultan, salvo extrañas excepciones, los curriculum
vitae de nuestros legisladores, profesores y autoridades
universitarias, y los mecanismos de concurso y jurados con que se
reparten las cátedras. No obstante estos deficits, los
mismos proveen profusas imágenes fotográficas, cual si
este narcisismo gráfico pudiera sustituir la
información biográfica profesional.
Podemos concluir que el sistema de descentralización de
la docencia universitaria iniciado con la Revolución
Libertadora, en 1955, y continuado por el Lanussismo (1971-73) y
el Menemismo (1989-1996) se fue degradando y descapitalizando
progresivamente al fomentar los intereses y sentimientos
particularistas, heridos con la desindustrialización y la
globalización, y al generar crecientes niveles de
incomunicación y desigualdad entre los mismos docentes,
entre las propias jurisdicciones provinciales, y hasta entre las
mismas jurisdicciones comunales. Excepción a esta
degradación e incomunicación serían sólo
aquellos centros universitarios que le otorgaron primacía a
la investigación científica por sobre la mera docencia.
Finalmente, el deficit más notorio de la CONEAU es la
carencia de un órgano calificador que periódicamente
ranquée las carreras, programas, doctorados, maestrías
y páginas web que se imparten y difunden en el país, a
la usanza de lo practicado en USA.
III a 2. Redes de certificación de universidades
privadas.
En cuanto al creciente proceso de descentralización del
control simbólico (universidades) operado mediante
certificación de instituciones privadas, gran parte del
mérito de su expansión se debe atribuir a la
corrupción, discriminación, incomunicación,
clientelismo y otras prácticas de reciprocidad facciosa
instaladas en las universidades nacionales. Ello tampoco quiere
decir que en las universidades privadas las políticas sean
distintas, o que de ellas pueda resultar alguna mejora, pues
compiten en el mercado educativo por la oferta y demanda de
servicios educativos, y de esa manera generan nuevas y más
peligrosas divisiones entre el alumnado fundadas solo en
fronteras socio-económic |
