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Education Policy Analysis Archives


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Globalización, Integración Macroregional y Políticas de Internacionalización
en el Sistema Mexicano de Educación Superior

Sylvie Didou Aupetit
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (México)

INTRODUCCION

GLOBALIZACIÓN: ECONOMIA, SOCIEDAD, CULTURA Y EDUCACIÓN

La globalización, como resultado de políticas de integración económica y comercial combinadas con un uso intensivo de las telecomunicaciones, la transmisión instantánea de la información y usos estratégicos de la misma, ha tenido efectos sobresalientes en los 80 y los 90. Estos han sido patentes dentro de sus ámbitos directos de incidencia (flujos financieros e inversiones, sistemas productivo y laboral así como circulación de mercancías) pero también en tanto eran procesos expansivos, en las esferas social, cultural y educativa.

En lo económico, el fenómeno  ha sustentado una reestructuración de los procesos de producción y una nueva división del trabajo, bajo los principios de la complementariedad y de la competitividad, en el interior de los estados que han conformado bloques macroregionales. La emergencia de  pautas diferentes  de especialización productiva les ofreció oportunidades desigualmente distribuidas de desarrollo según su ubicación en los escenarios económicos mundiales y afectó particularmente a los países que estaban en proceso de desarrollo.(Nota 1) En cada sociedad, trastornó las jerarquías  profesionales y la forma de pensar, realizar y vivir el  trabajo. (Nota 2) Además de  producir  una reducción en el número de los empleos disponibles y, en el caso de México, de causar una explosión del sector informal, favoreció el surgimiento de nuevas especializaciones laborales, orilló a desarrollar esquemas de reactualización laboral recurrente y llevó a valorar el dominio de habilidades simbólicas.

En lo político social, la globalización propició una recomposición de los gobiernos nacionales, que perdieron el control sobre sus flujos de capitales y sobre sus políticas migratorias, de trabajo  y de bienestar.  Esta crisis fue concebida como  un síntoma precursor del fin de las naciones y del derrumbe de la soberanía o bien como la matriz de estados "globalitarios". (Nota 3) Fue también pensada, en forma más matizada, como un proceso de transición que suponía la redefinición del concepto de gobernabilidad simultáneamente en términos nacionales y en el marco de los procesos macroregionales de integración. (Nota 4) En ambas perspectivas, se apuntaron lo delicado de la transición, la desaparición de  la noción societal de una "estabilidad integradora y abarcadora", tal y como fue construida después de la Segunda Guerra Mundial por los países desarrollados así como la agravación y la multiplicación de fracturas entre grupos definidos no sólo con base en referentes  socio - económicos, sino demográficos, religiosos, territoriales  e incluso residenciales.

Por lo tanto,  mientras  la globalización auspiciaba la difusión de una cultura mundo de enormes alcances, muy cercana a las representaciones de la sociedad de masas norteamericana, también se reconstruían o se fragmentaban los referentes morales y existenciales de amplios sectores. A la par que se difundían masivamente, mediante el cine y la música, valores culturales transversales, surgían  movimientos de reinvindicación de las idiosincrasias nacionales, so pretexto de una defensa de las industrias culturales: esta reacción inclusive involucró a los propios gobiernos nacionales cuando se plasmó en movilizaciones importantes, sin distingos políticos, en torno a la defensa de la excepción  o de la exclusión cultural en Canadá primero y en Francia después (Didou, 1997). Pero, en marcos nacionales debilitados por su mismo proceso de recomposición,  han despuntado  otras identidades en las escalas más micro de lo local o de lo tribal, principalmente en los grupos urbanos que no encontraban en las ideologías nacional o supra nacional,  puntos de referencia para sus identidades fragilizadas. (Nota 5) Finalmente, en un entorno de incertidumbre económica, de diversidad creciente y de fuerte inquietud ante el futuro, ha reaparecido el temor al caos y por ende, intentos por erradicar ciertas formas de alteridad. Mientras los organismos inter o supranacionales difundían los valores occidentales del orden emergente, crecían en paralelo la intolerancia a la diferencia, la xenofobia y el racismo,  principalmente en amplios sectores de las sociedades europeas, que por su tradición de asilo y sus niveles de desarrollo, recibían numerosos "refugiados", económicos y políticos.

Los cambios antes descritos han  interpelado los sistemas educativos, principalmente los de educación superior. Primero porque, desde finales de los 80, la rápida contracción en el volumen de los  empleos asalariados y la necesidad creciente de los trabajadores de mantenerse al tanto de los avances tecnológicos han llevado a las universidades a ofrecer modalidades diversas de reentrenamiento  laboral y a revisar sus procesos de formación inicial,  centrándolos  en una preparación básica  para el trabajo más  que para el empleo. (Nota 6) Conceptos como las sociedades del conocimiento  o el aprendizaje a lo largo de la vida, difundidos simultáneamente en los 90 por la Organización  para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial, la UNESCO y la Unión Europea han así incidido directamente en  la reestructuración de las misiones socialmente atribuidas a las universidades y asumidas por ellas. Han alimentado una discusión todavía inconclusa sobre los modelos deseables de instituciones de educación superior y de investigación (multiversidad versus universidad especializada). En paralelo, estas han sido confrontadas al repunte de la demanda de acceso ya que los esfuerzos gubernamentales  han sido por lo general abocados a elevar los niveles de escolaridad de la población y, simultáneamente, a asegurar la calidad de los procesos de enseñanza e investigación, conforme con la  idea de que "distribuir mejor la inteligencia" era la mejor forma de garantizar  el desarrollo nacional. (Nota 7)

Segundo, la desaparición anunciada, aunque no comprobada, de las naciones situó en una nueva encrucijada a las  universidades; estas, por lo menos desde el siglo XIX, habían desempeñado un papel importante en la promoción de las ideologías nacionalistas y en la formación de las élites nacionales: aun cuando a lo largo del siglo XX, se legitimaron cada vez más en función de su dominio de un conocimiento universal, hacia los 70, siguieron  definiendo sus responsabilidades a escala del país, con excepción de los establecimientos de mayor prestigio. La creciente predominancia de unos pocos polos de producción de los conocimientos, principalmente científicos, la inmediata difusión de la información y, a la vez, la confidencialidad de los saberes de índole estratégica, la horizontalidad de las principales políticas en materia de educación superior así como el auge de procesos transnacionales de acreditación de calidad han borrado esas fronteras tradicionales de la actividad institucional. Por tanto, para las universidades como para las empresas, los criterios de legitimidad académica y los escenarios de proyección son hoy tanto internacionales como nacionales y regionales. Los establecimientos de educación superior , por seguir dependiendo estrechamente de sus entornos inmediatos de inserción territorial, están tensionados entre requerimientos internacionales, nacionales y regionales no siempre fáciles de armonizar.  De allí, la aceptación o el rechazo de los procesos  de aseguramiento de calidad e internacionalización y los esfuerzos, nulos o decididos,  por formar profesionales móviles y con las aptitudes, habilidades y conocimientos necesarios para desempeñarse en sociedades ajenas, mestizas y  no nacionales.

Tercero, el malestar generalizado de amplios grupos sociales que ven sus expectativas individuales y colectivas desmentidas por  los procesos de integración macroregional se ha traducido en la presente década en una profunda crisis de  identidad, social y cultural.  En la Unión Europea,  los organismos comunitarios  han asignado a los sistemas de educación superior un papel relevante en la difusión de los  valores europeos y en su interiorización  por parte de las élites  en construcción. Han diseñado para ello programas de educación moral y cívica, fundamentados en la promoción de una ética de tolerancia, solidaridad, respecto a la alteridad, promoción de la democracia y preservación del medio ambiente. 

No obstante, en cada uno de los procesos nacionales y macroregionales para lograr una  reingeniería estabilizadora mediante intervenciones educativas, las prioridades han  variado. Han variado porque los Tratados de integración económica no siempre contemplaron la educación y la cultura dentro de sus áreas de interés. Han variado porque los organismos supranacionales especializados en educación disponían de medios económicos y capacidades de convocatoria diferentes. Han variado porque las naciones no diseñaron en la misma forma sus proyectos de desarrollo educativo.

El Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), por ejemplo, no ha considerado directamente la educación como una de sus esferas de incidencias, a diferencia del Tratado de Maastricht en la Unión  Europea. Por su parte, la Fuerza Trilateral de Discusión en Educación Superior (FTDES), creada en 1992, cuando todavía no concluían las negociaciones en torno al acuerdo comercial, reunió un haz de buenas voluntades pero no se hizo de  recursos institucionales y financieros que le permitiesen tener amplios radios de intervención e instalar una estructura intermedia que le permitiera trabajar de manera constante en lo trilateral.

Considerando lo anterior, en este documento, expondremos primero las características más relevantes del proceso de   integración macroregional y esbozaremos el  contexto en relación al cual las universidades han definido sus misiones. Tomando en cuenta los rasgos peculiares tanto de la integración norteamericana como del país, analizaremos dos políticas que han tenido una visibilidad  creciente en  los discursos públicos a partir de los 90, a saber las de internacionalización y de aseguramiento de la calidad. Las abordaremos a partir de los avances en materia de movilidad académica,  cambios curriculares y acreditación, tanto a escala del sistema de educación superior como de las instituciones.

Para ello, nos abocaremos a:

  • Identificar cuáles han sido los organismos que han impulsado a escala regional, nacional o bi nacional  la promoción de las actividades internacionales
  • Detectar ofertas curriculares, articuladas sobre la gestión o administración de lo internacional, sobre el dominio de herramientas específicas de comunicación (inglés o computación) o sobre la adquisición de competencias interculturales
  • Documentar la integración de regiones educativas transfronterizas entre el norte de México y el sur de Estados Unidos o la creación de organismos macroregionales,  como el de gobernadores del Golfo de México
  • Evaluar los avances en las políticas de "aseguramiento de la calidad". En vista de las fuertes diferencias que separaban por una parte México y por la otra Canadá y Estados Unidos en lo tocante a acreditación y a certificación profesional, organismos internacionales y luego trinacionales como la Fuerza Trilateral de Discusión en Educación Superior  sugirieron  establecer procedimientos que permitiesen controlar y mejorar los desempeños  institucionales,  facilitando el reconocimiento mutuo de periodos de estudio y de grados.
Nuestro análisis de situación se centrará en: 
  • La construcción de la relación entre globalización y educación superior en los discursos gubernamentales y especializados
  • La evaluación de los diferentes procesos de internacionalización del sistema y de las instituciones de educación superior
  • La emergencia de nuevas jerarquizaciones interregionales basadas en los diferentes grados de articulación de los establecimientos  con organismos y instituciones de otros países.

Un seguimiento de estos aspectos, si bien limitado con respecto a las repercusiones múltiples, directas e indirectas de   la globalización en las políticas y  en los proyectos educativos, permite:

  • Dar cuenta  de los principales rubros  de impacto de un fenómeno económico - comercial   en una configuración educativa nacional,  caracterizada por un escaso grado  de cosmopolitismo y por un acentuado carácter  doméstico
  • Rastrear   procesos de progresiva adaptación/apropiación por parte de las instituciones  de las políticas  adoptadas por las élites universitarias en el marco de armonización con los socios de América del Norte,
  • Valorar, a partir de algunos puntos de entrada,  en qué medida y hasta donde el escenario de la integración representa un ámbito de legitimación de los quehaceres académicos para fines de cambio a escala nacional.

I. TLCAN Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO: LA CONSTRUCCION DE UNA RELACION

1.1. El debate político y social sobre globalización y TLCAN en México

El gabinete del presidente Carlos Salinas de Gortari  negoció el TLCAN con Canadá y con Estados Unidos. Su principal objetivo era permitir a México comerciar en condiciones de reciprocidad en el interior del bloque. (Nota 8)  El Acuerdo  presentaba las siguientes ventajas, según sus partidarios:
  • Dentro del nuevo orden internacional, garantizaba al país el apoyo de economías más desarrolladas
  • Permitía aprovechar racionalmente las ventajas comparativas de las tres economías y realizar economías de escala
  • El Sistema Generalizado de Preferencias abría un mercado global de 360 millones de consumidores a los productos nacionales, (Nota 9) fortaleciendo su distribución en el mercado estadounidense y propiciando su mayor penetración en el  canadiense,
  • Facilitaba la remoción de estrategias proteccionistas arancelarias y no arancelarias impuestas por los productores norteamericanos a las mercancías mexicanas, fijando reglas claras y permanentes para los intercambios comerciales y proporcionando mecanismos para resolver expeditamente las controversias
  • Estimulaba la inversión productiva, vinculando un número extenso de consumidores con los mercados
  • Atraía la inversión extranjera en el país y  empresas de países interesados en acceder al mercado norteamericano, gracias al principio de las normas de origen
  • Creaba empleos en sectores especializados  de actividad.
A la par que se divulgaba esos beneficios potenciales, también crecían las preocupaciones: en los ámbitos económicos y financieros; estas versaban sobre:
  • La desigual distribución de beneficios entre México y sus socios, en lo que remite a volumen de exportaciones e importaciones, 
  • Los impactos negativos del TLCAN en las industrias textil y automotriz así como en la pesca y la agricultura
  • La retracción del número de empleos, debido a los problemas de las pequeñas y medianas empresas, y la  depresión de los sueldos
  • La vulnerabilidad del sector financiero mexicano ante el ingreso en éste de compañías extranjeras  y la volatilidad de los "capitales golondrinas"
  • La pérdida  de control de México sobre sus recursos no renovables, en particular petróleo y   energéticos
En otros ámbitos también, aparecieron inquietudes:
  • En lo referente a cultura, las preocupaciones tuvieron que ver en lo general con la preservación de la identidad nacional, concepto de por sí cuestionado, ante la amenaza de un pensamiento   hegemónico y único; en lo particular, concernieron el trato otorgado a los productos  y las industrias culturales así como la protección de los derechos de autor y de propiedad intelectual
  • En relación con la política, se consideró que no había sido conveniente excluir de las negociaciones asuntos que dificultaban permanentemente la relación bilateral con Estados Unidos, como la  migración ilegal, las violaciones a  los derechos humanos y laborales de los indocumentados, (Nota 10) el combate a las drogas y, por ende, la certificación
  • Con respecto a la ecología y el medio ambiente, se mencionó la posibilidad de que industrias sucias y deshechos peligrosos sean ubicados en territorio nacional, principalmente en la zona fronteriza, aprovechando  que las regulaciones ambientales son menos drásticas en México que en Estados Unidos y en Canadá y que los controles sobre el respecto a  las normas técnicas son limitados debido a la escasez de recursos humanos, económicos  y materiales. Por el lado opuesto, se subrayó   la adopción apresurada de  normas adicionales  en esta materia era susceptible de representar una carga exagerada para las pequeñas y medianas empresas, orillándolas al quiebre.
El debate sobre la globalización no resultó pues de un proceso de construcción intelectual propio sino de un contexto de apertura económica y de  transición política:  bajo el signo de la urgencia, devino un asunto de interés público a principios de los 90,  en una coyuntura en la cual el gobierno impulsaba  deliberada y autoritariamente la integración macroregional. Se refirió permanentemente  a un pasado  de estrecha pero no siempre fácil vecindad con Estados Unidos y a una historia de gran lejanía con respecto de Canadá. De hecho, los puntos de fricción concernieron más la agenda bilateral entre los gobiernos de México y  de Estados Unidos que asuntos trilaterales, centrándose en cuestiones como nacionalismo, modelos de desarrollo, pobreza e identidad cultural. Permitieron a los partidos políticos involucrados en el proceso de democratización, lento y dificultoso, que el país vivía después de décadas de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, subrayar sus diferencias con respecto de éste.

Así, el TLCAN sirvió de pretexto a las principales corrientes de oposición para hacer énfasis en el carácter vertical y excluyente  del proyecto económico gubernamental y para cuestionar su pertinencia en tanto ruta de salida a las crisis que, desde los 80, golpeaban recurrentemente el país. También revivió la confrontación histórica entre los partidarios de preservar la soberanía, ante las amenazas  expansionistas de su vecino del  norte (Conchello, 1992) y los impulsores de una integración silenciosa que desde tiempo atrás,  había hecho de Estados Unidos el principal socio comercial de México, tanto para  exportaciones como importaciones. (Nota 11)

1.2. TLCAN y educación superior: un enfoque oficial en torno a la internacionalización y a la movilidad

A diferencia de lo que   ocurría en materia económica y social, más que polémicas en educación superior, la perspectiva de un mercado norteamericano despertó interés, entre las autoridades educativas, gubernamentales e institucionales, de alto nivel. (Nota 12)  En la reunión inicial de la Fuerza Trilateral de Discusión en Educación Superior, celebrada en Wingspread (Estados Unidos)  participaron representantes de  las principales IES públicas y privadas, de la Asociación nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y del gobierno federal,  de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). (Nota 13)

Desde este momento, la integración trinacional sirvió de escenario para simultáneamente lanzar nuevas políticas (movilidad, acreditación), reformular programas (internacionalización) y legitimar adicionalmente las acciones referentes al mejoramiento de la calidad:  el Programa de Modernización Educativa 1989-1994 mencionó que  "la integración mundial del desarrollo impone un reto al sistema educativo y exige la formación de mexicanos que sepan aprovechar los avances científicos y tecnológicos e integrarlos a su cultura."  (PME, 1989: 13).

Desde inicios de los 90, las referencias a la globalización y a sus repercusiones educativas, en su sentido de  integración macroregional, marcaron buena parte de las declaraciones oficiales e intelectuales: pero fueron utilizadas retóricamente para corroborar la pertinencia de una política de cambio cuya necesidad estribaba en diagnósticos propios de disfuncionamientos y no representaron en sí un escenario de cambio para la educación superior. Por ende, la omnipresencia del binomio globalización - educación superior en los discursos no implicó que  se diseñarán políticas ad hoc de grandes alcances. Aunque  la adopción de medidas en materia de fomento a la calidad de los procesos de enseñanza e investigación y  vinculación  con la sociedad (PME, op.cit: 130)  y la selección de instrumentos  (evaluación, nuevos criterios de financiamiento, selección académica de aspirantes, crecimiento planeado del sistema)   fueron  presentadas como resultados de un intento de  armonización con los socios de América del Norte, fueron sobre todo  el  producto indirecto de la socialización creciente de experiencias propia de las sociedades de la información y de una reacción directa ante una crisis nacional de funcionamiento, de proporciones catastróficas.

En el siguiente programa sectorial (Programa de Desarrollo Educativa, 1995-2000), la indefinición con respecto a los retos institucionales, formativos y laborales que planteaba la integración de México en el bloque norteamericano y el enfoque casi exclusivo  sobre el proceso de internacionalización, patentes en el PME, se repitieron: el apartado correspondiente a educación superior aludió a la globalización pero no precisó, en función de ésta, una agenda de políticas. Sólo enunció en términos generales que  "La educación media superior y superior tiene hoy una gran valor estratégico para impulsar las transformaciones que el desarrollo del país exige para impulsar las transformaciones que el desarrollo del país exige, en un mundo cada vez más interdependiente, caracterizado por una acelerada transformación científica y tecnológica" (PDE, op.cit:127). En ese contexto, la inversión gubernamental en materia de internacionalización de la educación superior y de la investigación tampoco aumentó significativamente: las cifras reportadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), concernientes al gasto directo en el rubro de internacionalización, muestran primero una baja inversión (nunca mayor al 1.5% de los recursos totales ejercidos) y segundo un comportamiento errático del gasto, que no obedece después de 1994 a un patrón diferente al del periodo anterior (cuadro 1).

 

Cuadro 1
Apoyos por programa al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología,
administrados por CONACyT, 1991-1996

  Coop. internac. Total %Coop/Tot Coop. internac. Total %Coop/Tot
 
(miles de pesos a precios 1993)
(precios corrientes)
1991 5874 403653 1.46 4689 322236 1.46
1992 6214 691922 0.90 5675 631932 0.90
1993 11242 754256 1.49 11242 754256 1.49
1994 9646 853154 1.13 10444 923710 1.13
1995 8196 740176 1.11 12236 1105009 1.11
1996 8961 665779 1.35 17624 1309387 1.35
Total per. 55161 4171274 1.32 67477 5168854 1.31

Fuente: CONACyT: Indicadores de actividades científicas y tecnológicas, 1996: 177.

Globalización y educación superior: el discurso de los investigadores

Por su parte, los investigadores se dedicaron a analizar  las posibles repercusiones del TLCAN en las políticas nacionales de educación superior y a documentar las diferencias estructurales entre los tres sistemas. Su enfoque se diferenció claramente del de las autoridades oficiales: mientras las segundas tenían una  perspectiva estrecha de la relación, en el extremo opuesto, los primeros remitían prácticamente todas las decisiones de política educativa al TLCAN.

En una primera fase, los especialistas produjeron sobre todo diagnósticos centrados sobre las asimetrías de México con respecto de sus socios: "Canadá, Estados Unidos  tienen un desarrollo educativo similar: el primero sobrepasa el segundo en varios indicadores, entre los que destaca la tasa bruta de escolarización en el nivel terciario. México, por su parte, mantiene aún una distancia considerable respecto a esos países en el conjunto de indicadores."(Latapí,1994, p. 197). Mencionaron con frecuencia los siguientes rezagos:

  • La insuficiente cobertura del SES  nacional y su estancamiento: la cobertura del grupo de edad oscila desde hace más de una década en torno a 14% aun cuando la matricula de educación superior se ha casi triplicado entre 1974-75 y 1994-95.
  • La baja proporción de ingenieros y de científicos en relación con la PEA
  • La escasa legitimidad social de la investigación y su  alta dependencia de los fondos federales
  • Los déficits relativos de escolaridad de la plantilla docente: pese a los diversos programas de formación,  implementados por la ANUIES desde los 70, en 1990,  el  72% de los profesores  tenían sólo el grado de licenciatura (2% no lo tenía incluso), debido al reclutamiento de jóvenes egresados de la licenciatura para responder en los 70 a la  masificación de la matrícula (ANUIES, 1992)
  • El insuficiente grado de consolidación del posgrado, sobre todo del doctorado: la matrícula de posgrado equivalía en 1990 al  4.1% de la de licenciatura y en 1997 al 5.4%. El doctorado por su parte agrupaba sólo 3% y 7% del total de los alumnos del nivel.   
  • Los sesgos en los niveles de equipamientos e infraestructuras entre las IES mexicanas y las demás (Nota 14)
  • Las diferencias en el gasto educativo, medido como  porcentaje del PIB otorgado a la educación en general y a la superior en particular y  como gasto educativo per cápita
  • Los bajos niveles de escolaridad de la PEA (Nota 15) en México en relación con los otros dos países
  • Las insatisfactorias habilidades lingüísticas  de los estudiantes y académicos
  • La insuficiente vinculación de las IES y sus dificultades para responder a las demandas emergentes de los sectores productivos en materia de formación o recalificación de recursos humanos y a los requerimientos específicos de los sectores productivos  afectados por la globalización. (Nota 16)

En ese contexto, los especialistas subrayaron la necesidad de elevar la calidad de los procesos de enseñanza e investigación, fortalecer la docencia, la investigación y la extensión y reforzar los sistemas de evaluación en el contexto nacional  (Latapí, op. cit: 204; Mungaray, 1994: 239). Emitieron recomendaciones consistentes en:

  • Cambiar los modelos de financiamiento, identificando fuentes alternas de recursos (Nota 17) y revisando los criterios de otorgamiento del presupuesto
  • Agilizar la transferencia de créditos académicos (en una escala nacional e internacional)
  • Incrementar la cooperación y reordenar los flujos de intercambio entre los tres países

La comparación entre la situación nacional y la de los socios representó un enfoque novedoso para los académicos nacionales. No era en efecto  costumbre cotejar lo propio con lo que ocurría en otros países, ni hacer ejercicios de educación comparada. Los resultados obtenidos nutrieron  la evaluación crítica que, en este mismo momento, se hacía de los  desempeños del SES nacional. La pertinencia de muchas propuestas que surgieron en este momento en el contexto nacional, como las relativas a formación de académicos, recuperación salarial, adopción de criterios competitivos para parte del financiamiento o fortalecimiento del posgrado, fue reforzada por la constatación sempiterna de que los indicadores no arrojaban un balance favorable a México. Otras, como las relativas a ingreso,  fueron descartadas, por su costo y su peso traumático de la historia reciente de las universidades, de tal manera que los déficits de escolaridad de la población y la escasa cobertura del sistema universitario se quedaron como objetos de "no políticas".

Los procesos de apertura comercial (Nota 18) y, en particular,  el TLCAN  así como el ingreso en 1994 del país en la OCDE y la subsecuente producción de un reporte sobre Políticas de Educación Superior por expertos de este organismo contribuyeron pues a renovar los diagnósticos de situación y  a generar líneas de investigación comparada; de manera menos lineal, justificaron ciertas  prioridades de política, siempre  y cuando estas correspondieran a proyectos nacionales, sirviendo la comparación macroregional como un parámetro importante y suplementario de legitimación.

1.4. Globalización e internacionalización en el sistema de educación superior

En México, a diferencia de lo que ocurre en Canadá y en Estados Unidos,  los documentos marcos que definen las orientaciones y las prioridades de las políticas públicas  tienen una vigencia limitada, debido a que están estrechamente ligados con la temporalidad presidencial. A consecuencia, cada seis años, los gabinetes entrantes establecen programas, en concordancia con  las  orientaciones generales del Plan Nacional de Desarrollo vigente pero no obligatoriamente con las políticas sectoriales anteriores.  Las políticas públicas están, por tanto, inscritas en una visée  de  corto alcance, tienen un acendrado carácter sectorial y se definen en términos tanto de ruptura como de continuidad.

En lo tocante a educación superior, pese a la génesis cíclica de las directrices gubernamentales e institucionales, desde los 80, existe un consenso mínimo en torno a la necesidad de perseguir  congruentemente el logro de  objetivos generales, por ejemplo vincular las IES con los entornos sociales y  planificar la consolidación del SES;  otros, en cambio, han aparecido más recientemente: surgieron así  el tópico del fomento a la calidad a finales de la década pasada y el de la internacionalización a principios de la presente.    

Estas aclaraciones sirven para dar cuenta de los  desfases cronológicos entre los ámbitos económicos y educativos: aunque  el proceso de apertura comercial inició en México en 1986 con la firma del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), fue sólo en vísperas del TLCAN (Nota 19) cuando se empezó a tomar conciencia de sus consecuencias para los sistemas de educación superior y se impulsó la internacionalización de  las universidades.

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